Una democracia se sustenta en variados instrumentos que bien entendidos y afinados podrían permitir la convivencia en paz, con certidumbre sobre los fenómenos sociales y políticos, en beneficio del adelanto de la sociedad. En este contexto la política, el derecho y la justicia son el trípode que sostiene la institucionalidad del Estado y constituyen la base misma de la democracia. Con el juicio político impulsado por un conjunto de asambleístas contra el presidente de la república, justamente se ponen en cuestión todos estos elementos, y el país todo camina como un verdadero zombi.
Tal como se vienen dando los episodios de este nuevo capítulo que genera atención nacional e internacional, se muestran las roídas costuras de una endeble institucionalidad, de prácticas políticas no justificadas en intereses del país sino de grupos, de ignorancia supina de personajes que no distinguen lo político de lo jurídico, lo jurídico de lo jurídico penal, y menos aún de lo que comporta el sometimiento de conductas antijurídicas y delictivas al aparato estatal de justicia.
Ahora mismo están en juego la comprensión de varias figuras clave de la dinámica política que comporta el ejercicio del poder público en el marco del régimen jurídico vigente. Quienes están involucrados directamente en el trámite del juicio político deben ser los primeros en conocer a profundidad su naturaleza, alcance y elementos que lo caracterizan. Los llamados “padres de la patria” deberían saber dar cátedra sobre los perfiles del juicio político, en atención a su naturaleza, perspectivas y posibles consecuencias. Pero sucede que las fuentes más calificadas para dar a conocer sobre esta especial y delicada materia no están en el parlamento sino afuera, son analistas, políticos, catedráticos que alertan a la sociedad porque tienen claro que el juicio político es una especie de control precisamente político e institucionalizado, regido por normativa jurídica específica.
En suma, en este entuerto están sobre la mesa al menos tres cuestiones medulares y una espada de Damócles en forma de “muerte cruzada”: la primera referida al juicio político propiamente dicho; la segunda respecto a la responsabilidad política del presidente; la tercera acerca de que el juicio político debe someterse a un procedimiento jurídico previamente definido por la Constitución y la ley; pero esto último no significa que se trate de un proceso judicial y, menos todavía, de uno impulsado por fiscales. El juicio político es en esencia un proceso político para la censura política, mismo que está regulado por el derecho, lo que lo hace un proceso también jurídico. El juicio político, por lo tanto, no es un proceso penal, ni tampoco en él se define la existencia o no de un delito, ese no es su propósito, si bien en él puede debatirse y tratarse sobre acciones u omisiones relacionadas con algún presunto, existente o inexistente delito.
Un proceso tan serio como el del juicio político debe ser diáfano, lógico y sumario, sustentado en la verdad y la razón, de tal forma que no deje dudas en la ciudadanía sobre su desarrollo y resultado; pero está ocurriendo de otra manera, a tal punto que no han faltado quienes lo miran como un sainete o un trámite llevado hasta el ridículo y el absurdo, como un festín accidentado e irracional que se sazona solo con votos. Un juicio político debe servir para superar la crisis política y fortalecer la democracia, nunca al revés; la clase política que ocupa los principales espacios de poder debe tener la preparación y voluntad para entender esto que es obvio, para corregir los errores, caso contrario el país seguirá paralizado, el pueblo pobre y desocupado, la sociedad en vilo, la imagen internacional por los suelos, los emprendimientos, la producción y las inversiones en desesperante espera.