El juez, la Corte, el Consejo de la Judicatura y la Policía... ¿Qué pasa?

En nuestro país acaba de suceder algo grave que pone en riesgo la institucionalidad del Ecuador, y que aunque los medios han cubierto ampliamente, los responsables en tomar cartas sobre el asunto no han tenido ni siquiera la cortesía con nosotros, los ciudadanos, de darse por aludidos. Me refiero a la barbaridad jurídica ocurrida la semana pasada, cuando un juez de primera instancia ordenó la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura.

La cuestionada gestión de su presidente, el Dr. Cevallos, de la cual he sido un crítico severo por las nefastas consecuencias que ha traído a nuestro país y por los efectos residuales que con seguridad veremos en el futuro, ni justifican ni explican la violación de la ley o los comportamientos políticamente incorrectos, más propios del estilo “ojo por ojo, diente por diente” que de un estado de derecho.

Lo que mal comienza, mal termina, y eso fue lo que pasó cuando un juez de primera instancia decidió ordenar la destitución de Cevallos, porque no había cumplido la orden de otro juez de restituir en su puesto a un tercero. Para los que no somos abogados esto no suena raro, salvo porque dos sentencias de la Corte Constitucional señalan que esta es el órgano que puede pronunciarse de oficio sobre fallos contradictorios entre los jueces, y como si fuera poco, que es esta misma Corte la que tiene la facultad de destituir a los funcionarios públicos.

Sin importar qué tal nos parezca como funcionario el Dr.Cevallos, el juez no podía destituirlo, pero lo hizo. Y no solo eso, sino que, además, la Policía, que no sé qué pitos tocaba en esta historia, se arrogó la competencia para impedir la entrada del funcionario al Consejo que ya tenía presidente subrogante. Señoras y señores, este es un estado de derecho, no es que ustedes y yo opinemos en tal sentido, porque para eso existe la ley, la creatividad sobra.

¿Dónde está la Corte Constitucional? ¿Por qué no se pronunció sobre los fallos encontrados? No creo que esto sea algo que por discrecionalidad de la Corte se pueda dejar en al aire para que mañana cualquier juez destituya al funcionario que le venga en gana. ¿Por qué no hay sanciones? Queremos saber.

En este momento, la Corte está en deuda con el país, esperemos que cumpla. Por otra parte es importante que si el ejecutivo quiere transparentar el proceso de reforma a la justicia, envíe desde su propia casa los mensajes adecuados, la innecesaria e incomprensible presencia de la Policía en ese momento fue un error de juicio. Cada quien tiene su tarea, está escrita en la ley.