El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, gobernado bajo el amparo estricto de la carta magna, la Constitución. En este sentido, en el 2008 decidimos que este importante documento sea de aplicación directa, es decir, cualquier persona puede ir al órgano que la interpreta y decide su ejecución de las promesas ahí mandadas por el soberano, sin mayor trámite que ser escuchado. Idea maravillosa.
Pero en Ecuador, como siempre, este derecho de acudir a la justicia constitucional se ha desbaratado y deformado en una nueva válvula de escape para ser menos predecibles y, por lo y tanto, más inseguros para cualquiera que quiera prever lo que la ley intenta regular. Muy malo para los negocios.
Este viernes 28 de octubre, en horas de la tarde, casi entre gallos y media noche, la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que, algunos beneficios tributarios para pequeños y medianos empresarios fueron declarados inconstitucionales, incluyendo las exenciones al impuesto a la herencia para hijos. La Corte olvidó decirle al Estado, que ha cobrado inconstitucionalmente dinero bien hecho, que devuelva lo cobrado. Cómplice.
Pero las explicaciones que en la sentencia nos informa es que, para la Corte Constitucional no existe limite de interpretación, no importa cuanto se analice, al tribunal de esta Corte no se le puede decir nada y, si se le dice, no tiene validez alguna. Hemos creado un titán sin control jurídico y este poder, sobre legal, es básicamente la manifestación formal de lo que hemos querido evitar desde nuestra vida republicana, un nuevo Luis XIV “el Estado soy yo”.
Me refiero a ese monarca que, con la autoridad del totalitarismo, sin la más mínima desfachatez gritaba a los cuatro vientos que su voluntad estaba por encima de todos, la justicia la imponía él y nadie más, y que nadie osase en refutarlo. Algo parecido a la institución constitucional de un órgano colegiado que ha decidido por sobre norma expresa, jalando criterios que no son vinculantes para cambiar la normativa, y con esto generando inestabilidad jurídica en el país. Nada está dicho, hasta que la Corte Constitucional lo diga, entendemos ahora.
Pero dirán ustedes -son buenos jueces y los cambios son positivos para las “grandes mayorías”-, pues tengo que disentir, y debería hacerlo en un ensayo de más de mil páginas, pero seré más breve que eso. Si las leyes que conforman las reglas de juego sobre el resultado de los actos y hechos que hagamos en adelante, dictados por el Presidente o la Asamblea Nacional, pueden entrar en vigencia pero en un estado de revisión que dura de cuatro a cinco años por la Corte Constitucional, entonces vivimos en una completa incertidumbre que, lo que digan esas leyes, en algún punto será reversadas, y nuestras decisiones tomadas sobre esas leyes, ahora tendrán un nuevo efecto convertido en defecto. Increíble.
Pero por ahora, son impuestos, y derechos civiles que tienen, en algún punto, algo de certeza sobre el incumplimiento con normativa constitucional. Lo que me preocupa, y mucho, es que estas sentencias dejan un precedente donde se abre la puerta a una interpretación antojadiza de quién se siente en la Corte. ¿Qué pasa si la Corte es controlada por una mayoría rabiosa y vengativa? Pues será el retorno de Luis XIV, y cabezas rodarán bajo la dirección del índice de esta Corte.
Se ha abierto una puerta peligrosa en Ecuador, y será muy difícil de cerrar, pues el precedente ya está suscrito y sellado en piedra.
Lo único que calló la voz de un todopoderoso como Luis XVI fue: ¡Libertad, confraternidad e igualdad! No volvamos a la guillotina.