Solventado en los principios cardinales de la legislación de los derechos humanos: integralidad, indivisibilidad, progresividad y justiciabilidad, el derecho a la vida es uno de los preceptos sustanciales de la amplia gama de libertades que la Constitución política ecuatoriana reconoce y garantiza a todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que residan en nuestra patria.
La integralidad de este derecho fundamental es evidente aunque sin embargo muestra una interdependencia obvia con otras prerrogativas como las provenientes de los DESC, (Derechos económicos, sociales y culturales).
Por lo que ,cuando nos referimos a la garantía de la inviolabilidad de la existencia, no nos referimos exclusivamente a las posibilidades de la supervivencia de los seres humanos, sino a la obligatoriedad de la sociedad de entregar a los individuos, a todos ellos la certeza de una sustantividad digna que establece la presencia recurrente de otros derechos tales como:
a.- Un coexistir libre de violencia, de cualquier tipo.
b.- Una existencia de bienestar físico, psicológico y social.
c.- La necesidad de desarrollar una personalidad libre y solidaria.
d.- La condición de vivir, libres de polución ambiental o de corrupción política.
La acción afirmativa del Estado consecuentemente no se debe circunscribir solamente a garantizar la vida de los habitantes en nuestro suelo, sino entregarle y posibilitarle un desarrollo humano de esperanzadora dignidad.
El Gobierno del presidente Correa postula un proyecto que articula magnitudes de cambios trascendentales en lo económico, social y cultural, en una nación libertaria, sin discriminación, ni iniquidades o exclusión y que se encuentra en pleno ejercicio.
Empero, la coherencia para que el derecho a la vida sea tal también debe estar unido, definitivamente, a la existencia de un sistema judicial probo y con conocimiento de los preceptos constitucionales y legales, para que no importen los recursos financieros de los litigantes o la influencia de los conocidos de siempre sino la recta aplicación de la justicia en todos sus ámbitos.
Después de la consulta popular existen las más favorables condiciones para que las leyes que la Asamblea Constituyente de Montecristi previó y dispuso se expidan -y que la prepotencia y desfachatez de la partidocracia bloqueó y saboteó -, en estos próximos días se conviertan en luminosas realidades y así el ejercicio del derecho a la vida sea pleno y total.