Las reformas laborales son inaplazables en el país por la imperiosa necesidad de modernizar su marco legal, estar a tono con el mundo actual y forzados por el efecto que tuvo la pandemia al adoptar de forma acelerada nuevas relaciones laborales gracias a la tecnología - en especial en los servicios- que no están reguladas. El debate de reformas se ha enfocado principalmente en proponer una mayor flexibilización en la contratación laboral. Cabe recordar que al dolarizarnos la teoría aconsejaba seguir ciertas “instrucciones de uso” para consolidar en el tiempo el nuevo régimen monetario: controlar el gasto público, no tener déficit fiscal, mantener bajo endeudamiento y adoptar un régimen laboral flexible, pues la economía ante shocks externos, no se ajustaría por el lado de los precios (imposible devaluar), sino que lo haría por el lado de la productividad; es decir, por el empleo. Más aún si indistintamente del tamaño y sector, las empresas ecuatorianas destinan el 85% de sus costos de producción a la mano de obra, por lo que el tamaño de la carga laboral se utiliza como un mecanismo natural de ajuste.
Durante el mandato correísta, cuando más recursos tuvo el Estado, se hizo exactamente lo contrario: un excesivo e irresponsable gasto público, elevado endeudamiento, déficits fiscales persistentes por más de una década y se impulsó un régimen laboral rígido y anacrónico. Y los shocks llegaron, dejando como resultado la carencia de empleo. Un espeluznante 68% de población tiene empleo inadecuado y sin señales de recuperación. En las actuales circunstancias, las reformas laborales son convenientes para sostener la dolarización, necesarias para incentivar la generación de nuevo empleo, pero son imprescindibles para transitar a una formalización del trabajo. Por ello, cualquier reforma debe imperiosamente formar parte de una política pública de desarrollo productivo que incentive a las micro y pequeñas empresas - que en Ecuador representan el 97% del total de las empresas, dan empleo al 45% de la población ocupada-afiliada y sólo son responsables del 13% de las ventas- a ser más productivas y generar empleos mejor remunerados.
Por otra parte, las grandes y medianas empresas son el 3%, emplean al 55% de esa población y representan el 87% de las ventas. En este sentido, el camino al desarrollo pasa por una transición del mercado laboral que observe un gradual incremento en el porcentaje de asalariados versus autoempleados y del incremento del porcentaje de asalariados que trabajan en empresas medianas y grandes versus micro y pequeñas como sostiene la OIT. La verdadera discusión de las reformas no está solo en lograr flexibilidad laboral, se encuentra fundamentalmente en promocionar una transición de la economía informal a la economía formal con aplicación de normas nacionales e internacionales del Trabajo y de la legislación laboral que se integre a esa reclamada política de desarrollo productivo para un crecimiento inclusivo con más y mejores empleos.