Hace varios días, el primer mandatario de Ecuador, el señor Guillermo Lasso, anunció su decisión de ponerle fin a la vigencia del proceso estatal de evaluación pro admisión a la Universidad, el cual era llevado a cabo por la entidad -abreviada- SENESCYT. Tal proceso, ahora, pasó a formar parte de las competencias de las Instituciones de Educación Superior Universitarias. Lo anterior se encuentra inmortalizado en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), expedido a través del Decreto Ejecutivo número 494. Detalle no menor: “mañana” quien se encuentre dirigiendo los destinos del país podría derogar cualquier decreto ejecutivo que se haya expedido con anterioridad (incluyendo el ya mencionado), únicamente necesitando “la real gana” de hacerlo.
Inmediatamente después del referido anuncio presidencial, muchas personas celebraron la eliminación del ‘examen de la SENESCYT’, y otras, con enojo y hasta con indignación, condenaron esa eliminación. En lo que a mí respecta, como académico en formación (ámbito doctoral) debo realizar las siguientes puntualizaciones:
Punto 1: La Educación Superior es complicada. Referirse a la educación superior es un asunto que requiere conocimiento técnico (no cualquier conocimiento), experiencia y haber tenido acercamiento e interacción con la realidad, tanto la propia (en mayor grado), como la regional y la internacional. Parecería ser que poco (o nada, que sería más triste) se comprende en varios sectores de la sociedad (incluyendo el propio aparato gubernamental), ni los conceptos del constructo Educación Superior, ni peor aún que las implicaciones de las decisiones que se tomen en esta materia producen. Me alejo de “caer pesado” o de aburrir en cuanto a ahondar en el tema, pero tan solo menciono tres aspectos que están vinculados a la decisión presidencial y que considero se los están tomando ‘a la ligera’: calidad, pertinencia y equidad; y, en específico, la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso.
Punto 2: El penoso antecedente. Los problemas en el aparato universitario, en general, han sido históricos, serios y enormes. Mencionarlos es, tal vez, ser repetitivo. Ya los medios de comunicación los han dado a conocer. Sí estimo oportuno describir, en parte, lo que se vivía en ciertas universidades públicas hace más de 15 años: a) para el ingreso, se requería que uno de los familiares de quien aspiraba estudiar se sacrifique y “haga cola” durante varios días. Habían otras personas que tenían “mejor suerte” y lograron un cupo con base en “movidas chuecas”, esto es, consiguiendo “una persona intermediaria” la cual gestiona el cupo a cambio de “un cariñito” (dinero o algún otro favor, casi siempre inmoral); y, b) el paso previo para la(el) matriculada(o) era el pre-universitario, mismo que se diseñó con el básico objetivo de “llenar vacíos”, o nivelar. Con todas las deficiencias institucionales y de política pública, se podría decir que quien deseaba estudiar y superarse iba a aprovechar la etapa de preparación académica denominada pre-universitario. Resultaba que muchas personas conseguían cupo. Muchos paralelos se creaban. Tal vez 10 o más paralelos (entre la jornada diurna y la nocturna). En números redondos, 400 o más personas realizando el pre-universitario. Finalizada la etapa previa, un minúsculo grupo de personas fracasaba. Lo curioso era que, a medida que el tiempo transcurría (de semestre en semestre), iban quedando menos personas que “resistían”. El desenlace: de un gran número de aspirantes a formarse en la Universidad, quizá sólo el 25 por ciento de las mismas se graduó. ¡Así de dramático! El famoso índice de eficiencia terminal (es decir, el número de quienes abandonan el centro de estudios, o no se gradúan) se hacía presente y resultaba alto. Se tenía, entonces, ante una demanda humana creciente -y que lo sigue siendo-, una Universidad que establecía sus propios filtros de entrada, y, un régimen gubernamental que lucía -y era- débil e incapaz de estar a la altura de las circunstancias.
Punto 3: ¿Y la situación desde la oferta? Delicado y vergonzoso. Desde luego había y hay excepciones. Decir que hay más fracasos que triunfos. Basta invocar la expresión ‘universidades de garaje’, tildadas así debido a los notorios y múltiples inconvenientes que tenían para con la calidad y con la pertinencia, las cuales, aunque acogían a los que no podían ingresar al sector educativo público, les ofrecían competencias de medio y bajo nivel, y que, en el mediano y largo plazo terminó siendo un problema para la(el) graduada(o) para desenvolverse en la sociedad, en cuanto a su capacidad laboral y profesional. Además, el tener “Universidades” que ofrecían títulos prácticamente para todo lo pensable, lejos de ser una adecuada construcción social, se convirtió en un ciclo mercantil de lucro, desde la oferta. Usted, estimada lectora o lector, tenía, entonces, personas graduadas en campos profesionales que ni el sector empresarial ni el entorno público lo estaban necesitando o peor aún ni siquiera lo habían pensado tener en el país.
Punto 4: ¿El paso después? Sinceramente no lo sé. ¡ Y eso me preocupa! Si nos referimos a los hechos, tenemos una decisión gubernamental de no continuar ejecutando el proceso de admisión -evaluación- a las Universidades; el proceso de admisión (que incluye la evaluación, o examen) lo realizará cada institución educativa universitaria. ¡Y hasta ahí! No hay nada más. ¿A qué me refiero? Veamos:
- a) Hay una demanda humana que crece de manera importante, y no hay señales de que se detenga en magnitud. Esta demanda ansía estudiar en la Universidad. Si hablamos de la calidad de quien busca ingresar a un centro universitario, en cuanto a su condición cognitiva previa, la misma no es de las mejores, partiendo de la hipótesis -a mi juicio un hecho- de que hay quienes provienen del sector rural y de las periferias, y ellas y ellos (no significando que sean las únicas personas) son parte de los sectores más vulnerables, desatendidos y hasta descartados.
- b) Hay una oferta institucional pública con dificultades para progresar en razón de su dependencia al financiamiento estatal. ¡Una realidad que no se puede cambiar! El presupuesto del Estado al sector educativo no ha sido tan generoso, pese a que constitucionalmente hablando se debe priorizar, con tendencia creciente, la inyección de recursos al invocado sector. Este tratamiento ha llevado a que los cupos que se ofrecen “queden cortos” frente a la expectativa social. De paso, es honesto, y desde luego lógico, que se ofrezcan exclusivamente los cupos que la capacidad instalada universitaria pública (infraestructura, talento humano docente, etcétera) permita. Así mismo, es elemental que para ofrecer mayores cupos se necesita, desde la oferta, ampliación (y con ello expansión del recurso de infraestructura física, tecnológico y humano), y en esa dinámica el factor económico es imprescindible.
Así como están las cosas, pienso en aquellas y aquellos -con énfasis en quienes provienen del sector rural o de las periferias- que tienen como objetivo (y anhelo) recibir educación universitaria (de alta calidad) para poder contar con un empleo (en su patria), y brindar mejor bienestar a sus familias y a la sociedad, pero que actualmente cuentan con recursos económicos limitados y cuya educación inicial, básica y secundaria ha sido regular, no devenido de su responsabilidad, sí del nivel de las escuelas y colegios -salvo excepciones- donde, lamento decirlo, no se observa que hay avances en materia de calidad, de profundidad y de acceso. Su primera opción es la universidad pública. Cuesta arriba se tornaría superar un proceso de evaluación donde no se especifica si se tratará de conocimientos o de competencias, y donde las políticas de acción afirmativa, sin temor a equivocarme, no serán suficientes, aunque sí son necesarias para equilibrar las desigualdades. Además de que, si la persona no supera el proceso de admisión en la Universidad ‘A’, deberá repetir todo el proceso para la Universidad ‘B’, y así se multiplica la iteracción en función del número de instituciones universitarias existentes.
También pienso en aquellas y aquellos que, siendo conscientes de sus limitaciones cognitivas, apuesten por someterse a la fase de nivelación. El quid del asunto está en que no se ha precisado quién va a asumir los costos del proceso de nivelación. ¿Qué ocurrirá con quienes no posean los recursos para cubrirlo? ¿Podrá una Universidad Pública fijar deliberadamente costo a su proceso de nivelación? ¿Alcanza la (tan cacareada) autonomía universitaria para que una Universidad Pública establezca un costo (que posiblemente no sea nada barato) so pretexto de que debe contratar suficientes profesores, por ejemplo? Estamos ante dos barreras, la cognitiva y la económica.
Medito en lo que deberán atravesar aquellas Universidades Públicas cuyos flujos de dinero que provienen del aparato fiscal no sean los adecuados. No observo que haya señales desde el sector Gobierno respecto a aumentar el presupuesto al sector educación, y, por ende, a las universidades públicas. Creo que pocas voces, desde la institucionalidad estatal universitaria, se han manifestado al respecto. Por citar, parto de lo dicho por la rectora de la Universidad de Cuenca -una de aquellas universidades de mayor prestigio en la nación-, la Doctora Augusta Hermida, cuando alerta que desde el año 2019 (incluyendo el actual) han venido experimentando ‘presupuesto reducido’, aclara que la eliminación del examen estatal no equivale a aumento de cupos, y agrega que el comportamiento tenido -por la Función Ejecutiva- respecto a la inyección de recursos económicos a las Universidades Públicas hace que esa idea de aumento sea imposible de que sea cristalizada.
Finalizo aseverando que sería ingenuo pensar que con la “eliminación” del examen para ingresar a la Universidad se solucionará todo, como por ejemplo: empujar a las Universidades a que abracen más a la calidad educativa; ampliar la cobertura de la oferta; reducir el número de estudiantes desertores; y, aumentar las probabilidades de las y los graduados de contar con una plaza de empleo -digno y con salario atractivo, cuantitativamente hablando-. Ya hace varios años el Banco Mundial viene alertando que el panorama de la educación superior universitario -al menos en el cono sur- es crítico precisamente por el “estado cognitivo” de los alumnos nuevos (bachilleres). Si no se trabaja, también, en adoptar y perpetuar criterios técnicos desde la SENESCYT; si no se trabaja auténticamente en calidad de la educación inicial, básica y secundaria; si no se contempla que las Universidades Públicas grandes asuman los costos del proceso de nivelación; si no se precisa que la meritocracia deba tener mayor tendencia a las competencias y no a los contenidos; si no se da el paso a priorizar en atención y en proporción al sector educativo en cuanto a la inyección de recursos; y si no se visualiza que en las universidades la contratación de docentes debe venir bajo una lógica de meritocracia (y no, como algunas de ellas, la lógica del “figureteo”), pero a su vez ofrecer camino hacia la estabilidad y que se alejan del comportamiento desalentador y vicioso de los contratos ocasionales y, por ende, alta rotación y con ello asimetrías en la educación y pedagogía impartida… si no se hace nada de eso, entonces me temo es altamente probable que tomemos el trayecto hacia las universidades de garaje, hacia el ofrecimiento de títulos que generarán deudas y no empleo, y hacia un sistema de educación universitario mayormente abierto a quienes cuentan con recursos económicos, y muy excluyente para quienes no cuentan con “billo caracas boy” (léase dinero). Hay otras consideraciones en ese sentido. Hay otros aspectos. Lo dicho es tan solo una introducción.