El impacto que el covid-19 tendrá en nuestro país es un asunto que podremos medir sólo cuando tengamos la perspectiva suficiente. Pero el recorte de recursos a la educación pública que acaba de hacer el gobierno nos permite ya ver los efectos desastrosos que tiene esa medida en la vida de los ecuatorianos. Los rectores de las universidades lo denuncian: todo el esfuerzo realizado para elevar la calidad de la educación superior en el país se viene abajo. No se podrá aceptar nuevos bachilleres, no se podrá graduar a muchos de los actuales estudiantes, los planes y programas de grado y posgrado se reducirán, la investigación se detendrá.
La situación muestra la fragilidad de todo el sistema estatal. Por mucho que el Ecuador quiera cumplir el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas de impartir una educación inclusiva, no lo podrá hacer. La educación pública ha sido afectada en todos sus niveles. Programas emblema como el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia o el Bachillerato Internacional que elevan significativamente las destrezas de niños y jóvenes de los establecimientos públicos, han sido abolidos. Y duele porque en los últimos años se había mejorado tanto el acceso como las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las niñas.
Tendremos que seguir luchando para que el Estado haga lo que le corresponde. Los recursos destinados a la educación pública ayudan a la población a adquirir las herramientas necesarias para desarrollar soluciones a los problemas de la vida y mejoran el ascenso social, creando una sociedad más equitativa. El Estado tiene la obligación de proveer recursos para la formación de la población de menos ingresos. Si no lo hace, las brechas académicas y económicas se amplían.
Una sociedad del conocimiento se logra al hacer inversión para crear una población educada, si se forma y emplea a docentes con altas calificaciones, si se nutre la investigación, si se construyen infraestructuras modernas, si se provee recursos telemáticos de última generación, si se ofrece una mejor proporción alumnos/profesor.
Pensemos en que las medidas económicas en contra de la educación pública son un traspié temporal. Mientras tanto, sigamos creyendo, como la mayoría de ecuatorianos, que una educación pública de calidad es la clave para alcanzar un mejor futuro individual y colectivo. Que nadie se quede atrás. (O)