Uno de los teóricos políticos más importantes de la modernidad es el filósofo inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes. Su obra, en particular su célebre libro El Leviatán (1651), es imprescindible al momento de reflexionar sobre el surgimiento, naturaleza y atribuciones del Estado moderno. Hobbes escribió su tomo durante la Guerra Civil Inglesa (1642-1651), un periodo de extrema violencia marcado por el colapso de la autoridad en medio de las disputas entre el parlamento y el rey.
Para justificar la necesidad de un poder central sólido, que garantice la seguridad de los habitantes como precondición para el ejercicio de la libertad, Hobbes plantea una situación hipotética caracterizada por la total ausencia de autoridad: el estado de naturaleza. El filósofo inglés describe este escenario como un permanente “estado de guerra de todos contra todos”, en el que el “hombre es el lobo del hombre” y la vida es “desagradable, brutal y corta”.
El estado de naturaleza cesa cuando, por medio de un contrato social, los habitantes acuerdan voluntariamente ceder su derecho natural a la defensa propia a una autoridad central. A cambio de centralizar todos los medios de violencia, este poder se compromete a garantizar la seguridad de la población. Esta seguridad, que debe entenderse esencialmente como preservación de la integridad física, es la precondición para el ejercicio de la libertad, ya que, sin ella, la supervivencia se convierte de manera necesaria en la exclusiva y apremiante preocupación de todas las personas.
Frente a la explosión de violencia criminal que el Ecuador ha venido sufriendo en los últimos años, el 1ero de abril, el presidente Guillermo Lasso autorizó la tenencia y porte de armas de uso civil para la defensa personal. En un tweet en el que defendía su decisión (y que sensiblemente fue borrado de manera inmediata) el primer mandatario escribió que “el mayor miedo hoy es sentirse inseguro, en medio de una guerra entre ustedes y los delincuentes”.
Es así como, más allá del impacto positivo que esta pudiese llegar a tener, la medida adoptada aparece razonablemente a ojos de la población como una abdicación deliberada de la que es la responsabilidad primaria del Estado: la garantía de la seguridad física de la ciudadanía. En medio de la parálisis del aparato estatal frente a la crisis de inseguridad que atraviesa el país, el anuncio sugiere una ruptura unilateral del contrato social y, en consecuencia, el descenso a un estado de naturaleza como el descrito por Hobbes.