El bajo capital político del gobierno actual marcó en gran medida la victoria del no en la consulta popular, con un promedio del 55% en el territorio nacional. Más allá de si era o no procedente, lo que fue claramente posicionado es que el camino propuesto por el gobierno de turno no es el aceptado por la mayoría de la población.
Esto indudablemente pone en tela de duda que se puedan lograr consensos y naturalmente, un escenario político donde hay un marcado distanciamiento entre el Ejecutivo, Legislativo y la Función Judicial, según los últimos acontecimientos, no es el más favorable.
En función de los datos respecto de las elecciones seccionales, es de dominio público que las tres principales fuerzas políticas que lograron representaciones no sumaron en conjunto ni el 40%: Revolución Ciudadana obtuvo el 19%, Partido Social Cristiano 10% y Pachakutik 9%. El panorama es claro: aunque el ausentismo fue muy elevado (20%), lo que llama la atención, es la importante votación de nulos y blancos, lo que es decidor en cuanto a la reconfiguración del mapa político del Ecuador, pero también de la desconfianza que generan hoy por hoy los partidos y movimientos políticos en el electorado y que es un fuerte llamado de atención a toda la clase política.
Ello responde a varios puntos por analizar, primero, las propuestas de campaña claramente no dialogaron con el votante y aunque se utilizaron las redes sociales, estas solamente lograron divulgar información ya que, sin interacción, no es posible movilizar la votación. Esto quiere decir que quienes ganaron, marcaron la diferencia en la ruralidad y con despliegue territorial. La política ajena a los votantes sigue sin funcionar.
Otro elemento importante es que, sin reflejar inversión social, no hay marketing político que funcione o que cale en la población. No es posible subestimar al electorado posicionando mensajes que no se compadecen con la realidad cotidiana que atraviesa el país.
Finalmente, es sumamente clara la diferencia que existe entre contar con operadores políticos y liderazgos potentes dentro de una estructura política sólida; versus el distanciamiento del movimiento oficialista de su aliado natural, cuyo costo político y social, ha comprometido ampliamente su desempeño electoral.
Por el bien del país, es fundamental respetar la democracia y las decisiones que se tomen en ese marco; siempre y cuando haya probidad para hacerlo y sobre todo que se aclare al país respecto de las graves denuncias presentadas. Ser consecuentes con la decisión adoptada por la población en aras de la estabilidad democrática ha sido el interés de muchos sectores. No obstante, este interés se ve empañado por la falta de transparencia en el ejercicio político, lo que compromete no solo la legitimidad, sino que pone en riesgo inminente al mandato del actual gobierno.
Los resultados de los comicios, si bien no son los más alentadores por lo expresado en las líneas anteriores, no suponen la mayor crisis por la que atraviesa actualmente el Ecuador: Al ejecutivo se le está agotando el oxígeno político y su margen de maniobra es muy limitado; los cuestionamientos que se han hecho a su gestión durante el último año se han elevado aún más con la comparecencia en la Asamblea Nacional el 13 de febrero, lo que no hace sino exacerbar el hastío existente.
Es cierto que todas las personas tienen derecho a la legítima defensa, pero por respeto a los mandantes, callar ahora ya no es una alternativa.