La cantidad de ecuatorianos que dejó su país en décadas anteriores fue enorme; muchos de ellos recalaron en España, país que parecía propicio al exilio económico en virtud de su idioma y sus costumbres, obviamente muy diferentes, pero no tanto como las de otros países europeos. Una sangría poblacional que la mejor situación económica y social nacional ha interrumpido en estos años, pero que no deja de afectar la condición social del pequeño país sudamericano.
La crisis económica golpea hoy a Europa, y muy singularmente a España. Hay ecuatorianos que regresan a su país, pero muchos otros ya han echado raíces en otras tierras donde encontraron trabajo y hospitalidad, y buscan no tener que iniciar otra vez el difícil camino de cambiar de sitial de residencia.
Es cierto que los ecuatorianos que salieron de su territorio pueden significar cosas muy diversas para quienes se quedaron. Hay quienes los condenan moralmente porque dejaron a sus hijos en el Ecuador, o porque algunos pretenden mostrar ventajas económicas sobre quienes no emigraron. De cualquier modo, una salida forzada del propio país jamás es fácil ni gozosa; siempre ha implicado quiebres afectivos, fracturas familiares, espacios amados que se han perdido momentáneamente o por largos períodos de la propia vida.
Ahora muchos están sufriendo, en España, la pérdida de las casas que estaban pagando, o la subida de las obligaciones hipotecarias hasta niveles que no pueden solventar. Podrá haber algún caso aislado de incumplimiento poco responsable, pero el número elevado de casos muestra que se trata de una situación estructural que ha pasado por encima de las posibilidades de miles de emigrados, y que ha alcanzado, por su magnitud, una repercusión pública inusitada.
El Gobierno ecuatoriano ha puesto abogados a disposición de los ecuatorianos que los requieran en España, por un lado; por otro, el presidente Correa ha hablado con su par español para promover alguna solución a la situación.
Difícil es esperar nada de Rajoy, que no favorece ni siquiera a sus propios compatriotas, sometiéndolos a un ajuste económico impiadoso. Es siempre necesario el esfuerzo de plantearle la cuestión, pero poco probable que ello tenga alguna consecuencia práctica importante.
A su vez, la iniciativa del gobierno de Correa para poner abogados a colaborar con los emigrados resulta sin dudas útil y saludable para quienes deben litigar por mantener sus viviendas, pues es cierto que hoy Ecuador no está solo dentro de su variado territorio, sino también en la amplia diseminación de sus costumbres y sus etnias por diferentes geografías del planeta.