Algunos analistas, políticos y medios de comunicación han impuesto esta supuesta verdad: el Ecuador vive un proceso absoluto de desinstitucionalización. De ser cierta, tendríamos el siguiente escenario práctico: la oposición y la burocracia, los militares y los policías, los maestros y salubristas, los empresarios y los sindicatos, alcaldes y prefectos, los choferes y los vendedores informales impondrían también sus demandas corporativas, las leyes saldrían como una colcha de retazos donde cada quien coloca su reivindicación particular.
La institucionalización supone una estructura estatal, social y económica sobre la base de un acuerdo colectivo, legitimado y consensuado. Y este tiene un nombre: Constitución 2008. Ese marco jurídico, doctrinario, institucional, político y hasta filosófico (el del Buen Vivir) ha marcado el nuevo escenario para la edificación institucionalizada de un Estado garantista de derechos, para todos y no para unos grupos con sus demandas exclusivas.
Esas afirmaciones se sostienen sobre la base de una idealización de la democracia como el espacio donde todos tienen derechos, pero esos “todos” se reducen a los que tienen poder y medios a su disposición para ejercerlos. Cuando salen las cámaras de la producción y/o los maestros de la UNE no hablan a favor de los obreros los unos y de los estudiantes los otros: solo piensan en sí mismos. Y por eso les importa un pepino la institucionalización del Estado.
Y al mismo tiempo esa supuesta verdad supondría que alguna vez hubo institucionalidad y ahora se desmorona. Entonces uno se pregunta: ¿Cuando todo se hacía a favor de la privatización y la tercerización se construía institucionalidad? ¿En esa época el Estado no era una tercerizadora de los grandes emporios empresariales y fácticos?
Quizá no es todavía el modelo ideal de institucionalidad lo que tenemos, porque arrastramos una burocracia y unos grupos corporativos que impiden toda buena construcción, pero la mayoría de ecuatorianos apostó por la nueva Constitución y en ella se definen los ejes y rutas para la nueva institucionalidad. Podría también ser cierto que el nuevo paradigma es exigente de recursos y capacidades, los cuales no están a la mano por la resaca del neoliberalismo y precariedad profesional.
Y con todo y ello el gran reto del Ecuador entero es construir un Estado que no sea empleado de los poderes fácticos y, sobre todo, que trabaje para la gente y para superar la pobreza. Nunca para satisfacer a unos poquitos, como aquellos iluminados, expertos y hasta sabelotodo de esa democracia liberal que condujo al país al lugar donde se encontraba al terminar la primera década del siglo XXI.