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El Telégrafo

Economía social solidaria para el buen vivir

06 de julio de 2011

El pueblo ecuatoriano aprobó la constitución de Montecristi. Fue un gran acontecimiento. En ella se establece que se debe organizar el SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL SOLIDARIO; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; señala el objetivo de garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir  (sumak kawsay).

Habrá, por tanto, formas de organización económica popular y solidaria que incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

En relación con el buen vivir se establecen derechos de las personas, siendo fundamental e irrenunciable el derecho humano al agua; el acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; a la educación de calidad, a lo largo de sus vidas; a desarrollar sus capacidades creativas; al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas; a la salud y cultura física, el trabajo y la seguridad social; a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna.

El Estado debe garantizarlos, aplicando políticas económicas, sociales, culturales y ambientales adecuadas; y dotando de servicios públicos de equidad, calidad y eficiencia, con criterios de solidaridad, universalidad, eficacia y sentido de género e intergeneracional.

Tanto la economía popular y solidaria como el buen vivir requieren  grandes sumas para el financiamiento. El Estado debe lograrlos, administrando adecuadamente los recursos de la gestión de los sectores estratégicos; organizando  eficientemente las empresas proveedoras de los servicios que debe proveer; esto es agua potable, riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias; recaudando los tributos con ética y con austeridad en el manejo del gasto público, como se lo viene haciendo.

También dispone que el Estado debe manejar con exclusividad los sectores sobre los cuales tiene decisión y control exclusivo: agua, energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte y refinación de hidrocarburos; biodiversidad y patrimonio genético y espectro radioeléctrico.

En esto está buena parte de las bases para la construcción de una sociedad solidaria y una economía productiva, que contribuyan al progreso social y a  establecer un modelo socialista; que  contemple, además, cambios en las  estructuras de propiedad y  tenencia de medios de producción.

Inmensa tarea que hay que fortalecer e iniciar, según los casos.

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