Drogas, entre la criminalización, la salud pública y la legalización

La semana pasada, la Ministra de Gobierno Alexandra Vela anunció que, en los próximos días, presentarán una reforma para eliminar la tabla de consumo de drogas para supuestamente combatir el negocio ilícito del micrográfico de estas sustancias estupefacientes y sicotrópicas; es decir, eliminarían los límites de posesión legal de 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, un gramo de clorhidrato de cocaína, 100 miligramos de heroína, 50 miligramos de metilendioxifenetilamina, 40 miligramos de anfetaminas y 20 gramos de éxtasis.

La vieja idea de criminalizar la posesión y el consumo de drogas ha sido un rotundo fracaso. Un ejemplo es Estados Unidos de América en que, según Human Rights Watch, cada 25 segundos, una persona es acusada de posesión de sustancias estupefacientes y sicotrópicas para uso personal. Esa política solo genera mayor exclusión y desigualdad social.

Por suerte, en 2008, nuestro país ya superó esa óptica penal; en efecto, la Constitución de la República señala que las adicciones a las drogas, el alcohol y el tabaco son un problema de salud pública. El Estado es responsable de informar, prevenir y controlar el consumo así como el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores. Según el Ministerio de Salud, en 2019, más de 94 mil personas ingresaron a emergencia por consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas. En concordancia, la Corte Constitucional declaró que la tabla de consumo de drogas es constitucional toda vez que está prohibida la criminalización.

En este contexto, el consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas no es un problema en sí mismo, es el resultado de múltiples causas. Un trabajo de la Universidad Politécnica Salesiana señala que entre las principales razones están la falta de afecto y motivación, la presión social, la desintegración familiar, la curiosidad, los traumas, el estrés, la depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental; más aún, en medio de una vivencia tan compleja como la pandemia del COVID-19.

Si la intención es luchar contra el consumo de las drogas como problema de salud pública, la sociedad tiene que ser empática y el Gobierno debe tener una auténtica política enfocada en la salud mental. Estamos tan enfermos que, en el primer semestre de este año, el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 reportó más de 194 suicidios y 357 tentativas teniendo nada más y menos que un incremento del 37% en comparación con el año pasado.   

Si la intención es combatir el negocio ilícito del micrográfico de drogas, el Gobierno tiene que entender que la costosa guerra contra las sustancias estupefacientes y psicotrópicas fracasó en todo el mundo. Al contrario, ahora, el debate gira en torno a la legalización para socavar el poder del crimen organizado, regular el mercado, luchar contra la corrupción, reducir el número de victimas inocentes y aprender a convivir con este tabú.