El Gobierno de los Estados Unidos ha suscrito en términos confidenciales un acuerdo con la República del Ecuador que permite la implementación de despliegues de fuerzas militares estadounidenses tanto en suelo ecuatoriano como en sus aguas costeras. Este convenio, caracterizado por su confidencialidad, ha suscitado inquietudes con respecto a la soberanía de Ecuador y la falta de transparencia que rodea las relaciones bilaterales.
Uno de los aspectos más controvertidos de este acuerdo es la autorización para que buques militares de los Estados Unidos patrullen las aguas ubicadas en la costa noroeste de América del Sur, área que ha sido identificada como una ruta utilizada por carteles de drogas colombianos para el transporte de cocaína. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esta medida tiene como objetivo "fortalecer las actividades cooperativas de aplicación de la ley y desarrollar la capacidad conjunta para prevenir y combatir la actividad marítima ilícita de carácter transnacional". Sin embargo, la presencia de fuerzas militares extranjeras en aguas ecuatorianas suscita interrogantes sobre la soberanía del país y la justificación de este acuerdo.
Es relevante señalar que, desde una perspectiva estrictamente legal, no se requiere un acuerdo de cooperación específico para que las embarcaciones militares estadounidenses operen en aguas donde presuntamente operan los carteles de droga. Estas operaciones suelen llevarse a cabo en aguas internacionales y no implican necesariamente acuerdos bilaterales. El hecho de que existan preocupaciones sobre la necesidad de este acuerdo resalta la falta de claridad y la ausencia de una revisión minuciosa en el proceso de toma de decisiones gubernamentales bajo la administración del presidente Guillermo Lasso.
Es importante comprender que existe un espacio entre el territorio continental ecuatoriano y las Islas Galápagos, conocido como el corredor del narcotráfico, donde Ecuador no mantiene soberanía y los carteles utilizan esta área para transportar drogas. En este sentido, si Estados Unidos decide ubicar sus tropas en esta zona, podría hacerlo sin requerir un compromiso formal por parte de Ecuador. Por lo tanto, la firma de este acuerdo demuestra una mala práctica diplomática, ya que compromete la soberanía del estado a través de un acuerdo que no puede ser revisado por los contrapesos necesarios en una democracia. Por otra parte, si existe la necesidad de un acuerdo que condicione a Ecuador, las causas de este deben ser explicada a la ciudadanía.
El hermetismo que ha rodeado este acuerdo también plantea serias interrogantes en relación con la transparencia en las relaciones internacionales. La falta de divulgación pública por parte del Departamento de Estado de EE. UU. y la ausencia de un debate en el Congreso de Ecuador han dejado a la ciudadanía en un estado de desconocimiento respecto a los detalles específicos de este convenio y las implicaciones que podría tener para el país. La falta de claridad en cuanto a las responsabilidades de las tropas estadounidenses desplegadas en Ecuador, así como la ausencia de un contrapeso efectivo en el proceso de toma de decisiones, plantean incertidumbres significativas sobre cómo este acuerdo podría incidir en la dinámica regional y en la situación de seguridad en la región.