El Congreso brasileño consumó la destitución definitiva de Dilma, que se produce en medio de una grave crisis política, económica y social y, ahora, vendrán las medidas del nuevo Presidente. Se quedará hasta 2018.
Se trata de dos golpes. El primero es parlamentario que dio el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, de M. Temer, vicepresidente, junto a otros partidos que apoyaban antes al Partido de los Trabajadores (PT), para destituir a Dilma. En artículos anteriores, sobre el tema, ya habíamos anticipado este desenlace. El juicio político a la Presidenta fue un montaje que se realizó para cumplir el procedimiento establecido. Como ha dicho su abogado, Dilma fue “víctima de una conspiración” y “es víctima de una élite política y económica”. La fiscal acusadora inculpó a Dilma de fraude, pero después lloró y le pidió perdón por el sufrimiento que le ha causado.
Paradójicamente, algunas decenas de los 81 senadores, que decidieron la destitución, están acusados en casos de corrupción y el propio expresidente de la Cámara de Diputados, Cuhna, renunció por la misma causa. Tres ministros de Temer renunciaron por el mismo tema. La traición, la falta de ética, las artimañas legales, maniobras, zarpazos, etc. son parte de la estrategia, de la derecha, para sacarla del poder.
El segundo golpe es contra Lula, que ha sido implicado en casos de corrupción y lavado de dinero. Si es condenado, no podría participar en las elecciones de 2018, con lo que el PT quedaría relegado de la escena política, terminando sus 13 años en el poder. Parte de la estrategia de la derecha es, si no puedes vencerlos en las urnas, elimínalo con manipulaciones políticas; la política busca captar el poder, a toda costa, así sin adversarios queda libre el camino para alcanzarlo.
El desprestigio del Gobierno, la crisis institucional y la corrupción agravan la crisis económica. Temer, antes de su viaje a la reunión del G-20, develó algunos puntos de su plan económico. Reformas estructurales (reducción del tamaño del Estado vía privatización, reforma laboral, reforma en seguridad social, etc.) y una política de ajuste (reducción del déficit fiscal, en cuenta corriente e inflación).
El problema económico principal es la recesión por segundo año consecutivo junto al déficit fiscal de 7% del PIB, saldo negativo en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos de 3.3% del PIB, deuda pública de 65% del PIB, inflación 8.3% (Jul/16), uso de la capacidad instalada industrial 75% (Jun/16), desempleo 11.3% (II T 16), depreciación del real, etc.
En síntesis, graves desequilibrios internos y externos. De los primeros, se proyecta una contracción en 2016 de 3.8%, que llevaría a más desempleo y subempleo. Se han anunciado también cambios al acceso de beneficiarios al Plan Bolsa Familia, que da subsidios condicionados a la gente pobre. El plan de ajuste ortodoxo reduciría los gastos sociales. Apretarán los cinturones pero, como siempre, saldría afectada la población que disminuirá las condiciones de vida y aumentará la pobreza e indigencia. (O)