Género ha sido un punto de intensa disputa en el Estado en el actual proceso constituyente, transparentándose en serias contradicciones. Por ejemplo, mientras entre 2006-2013 Ecuador se posicionó a la vanguardia en el cierre de brechas de género a nivel regional y mundial, se mostró conservador en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos al mantener la penalización del aborto para las mujeres en el nuevo Código Penal. Asimismo, pese a que nuestra Constitución es laica, promueve el enfoque de género y ha fortalecido la institucionalidad encargada de su transversalización en todo el sistema público, un ministro parecería hacer concesiones a los fundamentalistas católicos al declarar que ningún contenido curricular del sistema educativo enseña la ‘ideología de género’. Y aun cuando en la alta política se muestra apertura hacia los colectivos LGBTI, desde la misma esfera se emiten mensajes que no dejan lugar a dudas en torno a la heterosexualidad obligatoria de las/os ecuatorianos. Tal ambivalencia revela que la disputa de sentidos en torno al género escenificada hoy en el Estado, es crucial para la política pública.
Uno de los espacios en los que se ha manifestado una política pública de avanzada en relación al género es el de la educación superior: explícitamente está planteándose la ‘despatriarcalización’ de la universidad ecuatoriana, algo inédito en un mundo absolutamente masculinizado. De hecho, esta línea se ha lanzado en el marco de un generalizado vacío de políticas internas de esta naturaleza en la educación terciaria, pese a que desde 1990 ciertas académicas feministas y no feministas demostraron científicamente las desigualdades, discriminaciones, violencia, acoso de género en la vida cotidiana de estas casas de estudio, sin que esto haya agitado la más mínima hoja del follaje de la universidad patriarcal.
En el momento actual se ha producido una interesante convergencia entre el Estado y las universidades en la Red de Educación Superior y Género a fin de impulsar este eje de igualdad. Esta Red, constituida en 2013, hoy está integrada por 41 universidades, 5 instituciones públicas y 1 organismo internacional y se ha propuesto incidir en la modificación de las relaciones de poder de género en la educación terciaria. Es un arduo trabajo. Está todo por hacer. Y, obviamente, también está mediado por resistencias y ambivalencias. Porque la despatriarcalización no solo implica modificar cifras, sino, sobre todo, cambiar las mentalidades sexistas incrustadas en las siquis de las/os ecuatorianos/as.
Pero, ya es hora de que los movimientos estudiantiles y académicos sacudan el follaje del viejo árbol patriarcal y disputen los sentidos tradicionales del género; de que rebasen las políticas estatales y asuman el compromiso con este expediente de igualdad que significa avanzar en la construcción de la democracia sustantiva, ya no solo como procedimiento formal, sino como forma de vida cotidiana universitaria. (O)