Fue noticia hace un par de meses que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Transformación Digital y volvió a ser noticia en este mes de febrero con su promulgación en el Registro Oficial y consecuente vigencia. Su implementación no es inmediata en muchos casos y da tiempo para que el país se adapte al siglo XXI, aunque lo haga 23 años tarde.
Primer tiempo, análisis:
Momento en que el Estado debe prepararse para levantar datos, estudiarlos y proponer soluciones. Los ciudadanos debemos hacer lo propio.
Uno de los principales retrasos en la digitalización del Estado es el hecho de que no todos tienen acceso a internet e intenta solucionar la problemática. Considerando sabiamente que muchas personas que se encuentran sobre todo en lugares remotos, no tienen acceso a computadoras o conectividad, se prevé el planteamiento de soluciones sin discriminación. Así, las comunidades que se enmarcan en esa problemática tendrán por lo menos la esperanza de que algún día cuenten con internet. Digo la esperanza, porque aunque actualmente esas comunidades podrían acceder a servicios de internet, no lo logran debido a los costos elevados y con una ley no se crea dinero.
Si bien la Ley muestra la intención, no será una realidad hasta que las soluciones sean factibles y accesibles. Sin asignación específica de presupuesto y una hoja de ruta real, dichas comunidades leen esta Ley como cuando leen poesía.
La conectividad depende de una red física sobre todo de cables e infraestructura que permita conectarse. El gobierno comunicó que mantuvo conversaciones con la empresa Starlink para aprovechar su red de conectividad satelital. Por lo que se ha visto hasta la fecha, yo asimilo esa comunicación del Estado con la que alguna vez hizo el innombrable, con respecto a Yachay y la inversión billonaria que haría una empresa de papel. Todo fue una farsa entonces y por ahora no hay prueba de que en realidad Starlink tenga algo real con Ecuador.
Usted haga lo suyo, tenga un correo electrónico único para sus notificaciones oficiales del Estado y las de sus contrapartes contractuales. Busque proveedores de firma electrónica y no dude a la hora de pagar lo que cuesta, en la mayoría de casos valen menos de 20 dólares al año. Este precio se compensa con los pasajes de bus o mensajería que usted gasta para acercarse a firmar algo físicamente o enviar sus documentos físicos. Colabore con sus seres queridos que no están tan familiarizados con la tecnología. Haga el estudio de su propia familia y designe responsables para el manejo de comunicaciones.
Segundo tiempo, reglamentación:
Como no es fácil, se les ha dado el tiempo a las entidades estatales para que preparen sus procesos y emitan los reglamentos, manuales y consigan certificaciones internacionales para garantizar que lo que se ofrecerá, será algo amigable y seguro. La transformación digital comprende la estructuración de procesos que, una vez puestos en marcha, como son automáticos, no admiten errores.
En Ecuador dudamos de veracidad de casi todo, así que pedimos al notario que certifique casi todo. Como es obligatorio, y el notario tiene que hacerlo rentable, los trámites son poco o nada amigables con los usuarios. Pese a que la Ley ya contemplaba la posibilidad de hacer diligencias notariales vía telemática, los notarios, muy cómodamente desde sus despachos decían que el proceso es el que es, y poco o nada se hacía para aprovechar la tecnología. Excepto para el cobro, en ese caso sonríen mientras aceptan transferencias bancarias.
La Ley poco o nada cambió a la actividad notarial, ahí los que tienen la carga de hacer que las cosas funcionen son los vocales del Consejo de la Judicatura. No me quiero decepcionar antes de hora, así que esperaré a que emitan los reglamentos y ahí pronunciaré mi crítica.
En este tiempo que dura más o menos 90 días, instituciones como el Consejo de la Judicatura, Consejo de Educación Superior, Ministerio de Educación, entre otros, deben estar perfectamente listos para la puesta en marcha de la transformación digital.
Tercer tiempo, implementación:
Se espera que el tercer tiempo sea el definitivo, y será el momento en el que todos debemos acoplarnos. Personas naturales y jurídicas deberán asesorarse correctamente para no cometer errores. La validez de contratos, notificaciones judiciales y requerimientos de todo tipo entrarán en juego. Si no se hace correctamente, el riesgo puede ser fatal.
En lo personal, espero que las personas que ejercen cargos públicos o empresas privadas dejen de lado el absurdo requerimiento de reconocimiento de firma y rúbrica de una firma electrónica o pedir vídeos diciendo la frase “si quiero contratar su servicio” para tenerlo como prueba de la relación contractual.
Solo una cosa quiero dejar claro a todos los que piensan en digitalización: el costo de la transformación digital no cuesta tanto como Ecuador acostumbra a gastar, y tampoco es necesario contratar empresas extranjeras pues en Ecuador hay capacidad más que suficiente para proveer de las soluciones.
Sabemos que nada es perfecto, pero 23 años después de que el primer mundo empezó a digitalizarse (revolución industrial 4.0), debemos ser exigentes con el resultado. Existen tantos modelos de éxito que no se puede cometer errores.
