La justicia es un principio moral esencial en toda sociedad. Un entorno en el que la justicia sea inexistente o de mala calidad provoca la más desagradable sensación de impotencia y desmoralización social. El país en el que, con impudicia y cinismo, el mandatario indica que “meterá la mano en la justicia”, se convierte en un escenario incertidumbre, zozobra y frustración. En efecto, Rafael Correa, prevalido de una inmerecida popularidad resultante de una actitud clientelar, de un populismo exacerbado y de una propaganda inescrupulosa, logró, apretadamente, que el ingenuo pueblo ecuatoriano le otorgue la posibilidad de alterar la función judicial, mediante reforma constitucional producto de una consulta popular. La maniobra, inequívocamente pensada para consolidar el control de todos los poderes, dio lugar a una Corte Nacional de Justicia, a un Consejo de la Judicatura, a una Fiscalía General del Estado y a una gran cantidad de jueces cuya independencia ha sido razonablemente cuestionada. Parte del esquema de alteración de la justicia corresponde a la acción del inefable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al servicio del Poder Ejecutivo.
En el relativamente corto tiempo de 14 meses, desde la consulta popular de febrero de 2018, ha habido profundos y trascendentales cambios, resultantes del notable trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Uno de ellos ha sido la selección de Diana Salazar como Fiscal General del Estado. Esta respetable abogada, que ha hecho carrera de fiscal por casi dos décadas, se ha ganado el respeto de la ciudadanía demostrando dedicación y mano firme a la hora de combatir la corrupción en casos de alto nivel como los de Odebrecht, Federación Ecuatoriana de Fútbol y el del vicepresidente Glas Espinel. Ella, que ha sido denostada e impugnada por las huestes correístas, ha logrado prevalecer y se constituye en una amenaza auténtica para la horda de delincuentes de cuello blanco que hasta ahora han gozado de impunidad. Esperamos que con la presencia de Diana Salazar, en quien confiamos, la justicia ecuatoriana empiece a parecerse a la brasileña. (O)