Reduciendo toda la parafernalia mediática oficialista y opositora de la marcha, descontando los aprovechados, los superficiales, los borregos, los populistas y los asalariados, hay un cuestionamiento profundo al modelo productivo y político que está impulsado desde el Gobierno. La Conaie viene con una aglomeración de movimientos políticos, muchos de los cuales apoyaron la reelección del presidente Correa, volviendo la marcha heterogénea, en ideología y ambiciones.
Pero en el centro neurálgico de esto, hay un cuestionamiento válido desde la izquierda amparada en un modelo social y una reivindicación obtenida en Montecristi. No son los afanes presidenciables, ni los intentos de desestabilización, ni la necedad del sinsentido de aquellos que gritan por gritar, deslegitimizando una propuesta válida (que los hay); es la perpetuación de un modelo que se viene combatiendo por décadas.
En el Plan Nacional del Buen Vivir, la base sociopolítica y económica de la Revolución Ciudadana, se busca un nuevo modo de acumulación y (re)distribución para alcanzar el anhelado Sumak Kawsay. Es decir, romper el paradigma primario exportador del cual hemos subsistido y por el cual hemos sido explotados por el neoliberalismo agresivo de las décadas anteriores, dependientes de un mercado internacional que, en palabras del Presidente, valora al capital por encima del ser humano. ¿Dónde queda ese ejercicio de planificación y participación ciudadana cuando nos entregamos al mismo modelo transnacional que alguna vez expulsamos de nuestros campos petroleros?
Es evidente la necesidad del Gobierno de buscar ingresos que permitan sostener el modelo económico-político que ha establecido y en el cual se sustenta su mayor respaldo. Un modelo adecuado que, siendo ambientalista, no es antiminero (como tampoco lo es la Constitución). Y el mercado global ha revalorizado los activos fijos después del desplome de esa ficción llamada bolsa de valores. El precio del cobre acaba de subir, buenas noticias para el proyecto Mirador. ¿Y la consulta previa (Art. 57, Núm. 7)? ¿Y la búsqueda de un modelo económico alternativo? ¿Y la socialización de las políticas redistributivas a implementarse? Y por sobre las anteriores, ¿dónde están los debates, la garantía de los derechos de participación aprobados en 2008 y respaldados por los mismos grupos sociales que ahora los reclaman?
La respuesta a un disentimiento válido, parte de la construcción social y política del Estado, no puede ser la contramarcha. La contramarcha puede ser la respuesta política al séquito ideológicamente superficial de la marcha.
La respuesta política a los problemas estructurales económicos y sociales debe venir de la apertura, del debate y la participación ciudadana. La salida fácil de la generalización y unilateralidad resulta un golpe a las reivindicaciones sociales obtenidas en Montecristi.