Cristina Burneo escribió hace poco en La Barra Espaciadora un recuento del trabajo de Ana María Goetschel. En su antología Cartas públicas de mujeres ecuatorianas a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la historiadora recoge la postura de grupos conservadores oponiéndose al avance de derechos de las mujeres.
Burneo resaltaba la similitud de la posición ortodoxa de agrupaciones conservadoras del presente con las ideas de siglos pasados. Sin embargo, esta retrospectiva permite, además, identificar los efectos que tuvieron la obtención de derechos específicos, no solo a nivel político, sino también en términos concretos de supervivencia humana.
Uno de los ejemplos es el divorcio. De acuerdo al documento histórico, para conservadores de Quito e Ibarra, el divorcio era considerado anticatólico e inmoral, iba a destruir la familia y fomentaría el concubinato. Hoy en día es posible encontrar narrativas defendiendo al matrimonio como institución social primaria santificada por la Iglesia, denostando y rechazando la posibilidad de divorcios.
Cabe entonces preguntarse: ¿qué impacto tuvieron las leyes que lo legalizaron? En 2004, Stevenson y Wolfers investigaron el efecto que tuvo su implementación en Estados Unidos. Los resultados fueron categóricos: en estados que adoptaron la posibilidad de divorcios unilaterales los suicidios femeninos cayeron en 20%. Adicionalmente, se encontraron reducciones en violencia intrafamiliar y asesinatos. En otras palabras, el acceso a derechos salvó vidas.
Regularmente, las discusiones entre conservadores y progresistas tienden a enfrascarse en interpretaciones políticas e ideológicas. El camino para un diálogo racional debería incluir los efectos concretos, en términos materiales y de supervivencia.
El bloqueo o acceso a derechos debe discutirse también en términos de argumentos científicos, abandonando explícitamente todo tipo de misticismos. Solamente allí veremos quién de verdad valora vidas y quién defiende taras mentales. (O)