El 1 de mayo, Día del Trabajo, también es la oportunidad para recordar la trayectoria de los trabajadores ecuatorianos.
Las primeras luchas y organizaciones obreras nacieron en la época de la Revolución Liberal (1895). Eloy Alfaro promovió sindicatos con el apoyo del cubano Miguel Albuquerque. Después, durante la época “plutocrática”, aunque crecieron las organizaciones de trabajadores, el avance de los derechos laborales fue mínimo. El 15 de noviembre de 1922 se produjo la masacre obrera en Guayaquil.
Gracias a la Revolución Juliana (1925) se inició la atención estatal a los derechos laborales, consagrados en la Constitución de 1929 y en el Código del Trabajo de 1938. Fue lenta la evolución posterior de los derechos y el crecimiento del “proletariado” ecuatoriano. La época de la “guerra fría” en Latinoamérica, que siguió al triunfo de la Revolución Cubana (1959), afectó la lucha de los trabajadores, porque en Ecuador las capas empresariales normalmente calificaban como “comunistas” a las reivindicaciones laborales, por lo cual los derechos del trabajador históricamente conquistados eran violados continuamente.
Fue la consolidación del movimiento obrero la que contrarrestó la violación de derechos laborales. Y a inicios de la fase constitucional nacida en 1979, las grandes centrales de trabajadores (CEDOC, CTE, CEOSL) lograron converger en estrategias y, a través del FUT, libraron huelgas nacionales que sirvieron para fortalecer la presencia sindical. La represión antilaboral en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), el derrumbe mundial del socialismo y, coincidentemente, el afianzamiento del modelo empresarial de desarrollo por los sucesivos gobiernos ecuatorianos en la década de los 90, impusieron el retroceso en los principios laborales. Siguiendo los criterios de las cámaras de la producción, se introdujeron las fórmulas de flexibilización y precarización del trabajo que dejaron a la clase laboral ecuatoriana en condiciones de inseguridad jurídica.
El gobierno de Rafael Correa y la Constitución de 2008 revirtieron esa grave tendencia de burla a los derechos laborales. En ese nuevo marco de condiciones, afirma el concepto de “delito laboral”, recoge las necesidades de protección a los trabajadores nacidas de la experiencia histórica ecuatoriana. En esa perspectiva debiera ser delito no solo dejar de afiliar a los trabajadores al IESS, sino burlar otras garantías esenciales para los trabajadores.