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El Telégrafo

Derecho a la información

23 de septiembre de 2011

No suele hablarse suficientemente del derecho de la población -de toda la población, no solo de quienes tienen la posibilidad de expresarse por los medios masivos- a disponer de información variada y veraz. Es un derecho inalienable, al cual los dueños de los medios no suelen aludir; pareciera que solo existe el derecho a la libertad de expresión, a su propia libertad de expresión.

En el conflicto permanente que algunos medios hegemónicos privados han planteado contra gobiernos legítimamente constituidos en Sudamérica en estos últimos años, aquellos apelan repetidamente a la defensa de la libertad de expresión, en muchos casos en detrimento del derecho de los ciudadanos a información plural y veraz.

Cuando hay dictaduras -exactamente lo contrario a lo que son estos gobiernos que han ganado repetidamente elecciones y sostienen las libertades públicas-, se cercena la libertad de expresión a la vez que los derechos a la información de los ciudadanos. En esos casos no se puede hablar en los medios de que existe falta de libertad, porque la dictadura lo censura e impide: en Argentina se asesinó alrededor de 100 periodistas cuando la última dictadura. Nada que ver con las libertades que se disfruta hoy; la mejor prueba de que hay plena libertad de expresión es que en nuestros países haya medios que digan que no la hay. Si puede decirse que no hay libertad, es que hay libertad para decirlo; así, decir que no hay libertad de expresión en estos gobiernos democráticos es una contradicción en sus propios términos.

Pero, además, la libertad de expresión de la que se goza es asumida en algunos casos como impunidad para la diatriba o el ataque constantes, disfrazados de “crítica”. Una cosa es la crítica, otra diferente el maniqueísmo, la deformación o el sesgo interpretativo unilateral, sistemático y permanente.

Los medios no tienen entre sus funciones el transformarse en oposición política. Nadie los ha votado y carecen de legitimidad institucional para eso. En casos de gobiernos antidemocráticos, es su deber denunciarlos y hostigarlos en todo lo posible; pero lo lamentable es cuando, en cambio, es a los gobiernos legítimos y masivamente apoyados a los que se busca atacar y desgastar, con lo cual se está faltando de hecho al derecho a la información plural y veraz que hace al conjunto de la población.

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