Muchos gobernantes buscan dominar el sistema de justicia, causando daño grave a la democracia. Una alerta actual es la reforma al Poder Judicial que al fin de su gobierno impulsa López Obrador en México, con apoyo de Morena -poderoso brazo político-, y de su sucesora Sheinbaum. Los cambios consisten en la elección por voto popular -politización- de magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de un Tribunal de Disciplina Judicial; los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presentarían las listas de candidatos. Esto ha generado rechazo de sectores relacionados con la economía, también de los EE. UU. y Canadá. Se menciona que la reforma fulminaría la estabilidad económica, afectando al comercio, la inversión y el empleo.
Estas reformas mañosas atropellan la calidad e independencia judicial, la carrera judicial, los derechos, la seguridad y el Estado de Derecho; germinan en gobiernos de autoritarios que llegan democráticamente al poder, pero que rápido olvidan principios como el de separación de poderes con los necesarios pesos y contrapesos entre ellos. Gobiernos del fracasado Socialismo del Siglo XXI y Grupo de Puebla han tenido similar antojo para no soltar el poder y cuidar sus espaldas.
Razón tuvo Nietszche al señalar que la democracia termina con el voto popular, porque después de ello por lo general se desconoce lo que hará el elegido, con quién y cómo. Los autoritarios impulsan procesos de concentración de poder pisoteando la seguridad jurídica y las instituciones. La justicia tomada por el poder de turno funcionará para garantizar abuso e impunidad, someter a los enemigos políticos causando desamparo a la sociedad cuyas posibilidades de defenderse ante decisiones de la autoridad merman dramáticamente. El pueblo debe negar el respaldo a esos remedos de estadistas que con artimañas forjan democracias de pacotilla para beneficio de pocos.