La evidente crisis del sistema de partidos, la estructura de ingobernabilidad que se construye con una parafernalia de leyes que se basan en la desconfianza mutua, las desigualdades crecientes, la aguda ausencia de empleo de calidad están lanzando retos de legitimidad a las democracias modernas. La pregunta que se hace constante es: ¿Qué hacer para tener una mejor democracia? Y en esta realidad dura. ¿Qué papel puede cumplir la Administración pública (AP) en la construcción de democracias de mayor calidad? Esta es la pregunta que se intenta responder en este escrito.
Los datos sobre las tensiones en el Estado son evidentes; basta con analizar la poca credibilidad de los líderes políticos, del sistema de partidos, de la insuficiente credibilidad de los entes reguladores de la participación democrática, de la poca participación y porcentajes obtenidos, para ejercer el poder, han dado lugar entre otros elementos a lo que se califica como una recesión democrática, del debilitamiento de las estructuras institucionales del Estado y claro; del proceso democrático del mundo. Se han envejecido las raíces de los imaginarios occidentales de lo que entendemos por democracia y de una creciente apatía a los procesos participativos de la sociedad.
La AP puede cumplir un papel importante en la construcción de democracias de mayor calidad y legitimidad, al perseguir e implementar valores como la imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas, efectividad, participación y equidad. Estos valores se pueden promover mediante el diseño institucional que sea apto para el cumplimiento de las políticas públicas que generan las agendas de gobierno. La AP también debe satisfacer las necesidades mínimas de la ciudadanía, salvaguardar el orden interno de la nación y garantizar las relaciones burocráticas, jerárquicas e informativas que mantengan un sistema social, político y ciudadano operando.
La AP es un excelente aliado de la democracia para garantizar respeto a las libertades civiles y políticas, sirve para que garantizar y promuevan los derechos humanos. En los Estados, las administraciones públicas son conglomerados de cientos y miles de organizaciones con funcionarios públicos, que desarrollan sus actividades bajo el poder del Gobierno con sectores o territorios definidos para servir a la sociedad
La AP no solo es un instrumento del gobierno sino un actor clave de la democracia que necesita de liderazgos legítimos y de un alto grado de profesionalización como requisito mínimo para ejercer las funciones de lo público. La AP puede mejorar la calidad de las democracias de varias formas. Para esto se requiere de un sistema de valores para la legitimidad de la AP y de la propia democracia. En este sistema de valores intervienen la integridad, la imparcialidad, la efectividad, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la equidad, el compromiso de servicio.
Hay la necesidad de que la propia sociedad con los gobernantes se incluya en los servidores públicos una conducta que genere valores, que conlleven a mejorar la calidad de la democracia. Hay la necesidad obligatoria de una profesionalización del servicio público, marcos normativos ágiles, que faciliten el cumplimiento de resultados, con liderazgos legítimos, visión estratégica, que se incluya una verdadera carrera administrativa, que se aplique tecnología para la gestión trasparente y eficaz.
La AP es un terreno complejo que requiere de inteligencia, valores y capacidades especiales para que generar una sincronía con la democracia y así; puedan las dos, legitimarse en estos tiempos difíciles que atraviesa la institucionalidad del Estado moderno.