Vemos en algunos de nuestros países de Sudamérica -muy especialmente aquellos donde los gobiernos han afectado algunos intereses económicos dominantes- cómo arrecian campañas mediáticas ciertamente impiadosas, monocordes, repetitivas y sistemáticas: según ellas, los gobiernos elegidos por el voto popular serían ilegítimos en su accionar, y por ello se los rechaza por pretendidos ataques a la libertad de prensa, cuando no incluso por supuestas tendencias autoritarias que estarían deformando las condiciones democráticas.
En verdad, son estas posturas propaladas desde unos pocos pero poderosos medios de comunicación (ya sea gráficos, radiales o televisivos) las que afectan negativamente la democracia.
Es curioso que la opinión de un puñado de dueños de medios y de periodistas afines pretenda ponerse por encima de la voluntad popular, y dictaminar qué es lo que deba entenderse por ejercicio democrático del poder. Por cierto que hay siempre derecho a disentir con la opinión de las mayorías, pero habrá que hacerlo con el cuidado y el respeto del caso.
Cuando, en cambio, se pretende que el punto de vista mayoritario de la población sería intrínsecamente ilegítimo, y de hecho actores sociales que nadie eligió se erigen en supuestos dueños de la verdad cívica por encima -y en contra- de la voluntad mayoritaria, es evidente que se está lesionando las condiciones de representación que son propias del sistema democrático.
Párrafo aparte merece la cuestión de la libertad de prensa. La misma en ningún caso puede entenderse como impunidad para el agravio o la injuria, o para simplemente escribir falsedades. Tampoco para exagerar las noticias que vengan bien al interés de quienes dirigen el medio, y minimizar o ignorar las que caigan mal al mismo.
Por supuesto que la libertad de opinión -que es una cuestión diferente- debe estar siempre garantizada. Y es cierto que ella lo está a tal punto en el caso de nuestros países, que gracias a su vigencia (y al abuso intencionado que algunos hacen de la misma) se puede permanentemente hacer prédica contra los gobiernos legítimamente elegidos.
Como no nos cansamos de afirmar quienes hemos tenido que soportar dictaduras extremas, como lo fue la criminal última dictadura en Argentina, cuando alguien puede reiteradamente afirmar por los medios que se está ante una situación de dictadura o de enorme autoritarismo, se demuestra en los hechos todo lo contrario; solo donde no hay dictadura puede alguien escribir en un diario o decir por TV que la hay.
Pues si hubiera dictadura, hablar en un medio contra el gobierno sería simplemente imposible. En Argentina, alrededor de 100 periodistas asesinados durante la dictadura muestran elocuentemente lo que afirmo.
No hay gobiernos perfectos, y los que tenemos no lo son. Van en buena dirección estructural en muchos casos, lo cual no obsta para que pueda hacérseles críticas fundadas. Pero la crítica es un ejercicio responsable, no se parece al ataque, la invectiva o la agresión.
Cuando se apela a estos últimos se desnuda la falta de convicciones y argumentos; se deja de cumplir la función pública que corresponde cubrir a un medio, aun cuando este sea de propiedad privada (pues opera dentro del espacio de constitución de opinión ciudadana y le corresponde asumir las responsabilidades pertinentes) y se antepone el derecho de unos pocos dueños de grandes medios a imponer su punto de vista, sobre el derecho a la información veraz e ideológicamente plural que tiene el conjunto de la población, derecho que es propio de millones de personas.