En un contexto de crisis recurrente, el 7 de diciembre Perú vivió uno de los momentos de mayor tensión para la democracia en su historia. Pedro Castillo, en ese momento aún presidente, comunicó que disolvía el Congreso; esto generó una votación parlamentaria por la destitución de Castillo bajo la figura de incapacidad moral con una amplia mayoría. Finalmente, Dina Boluarte, la vicepresidenta de Castillo fue designada como nueva presidenta, luego de que confirmara su rechazo a la decisión del expresidente.
La decisión de disolver el parlamento al parecer responde a una estrategia desesperada y poco planificada de Castillo por mantenerse en el poder. Por ejemplo, no se había contactado ni solicitado apoyo previo a la Policía o las Fuerzas Armadas. Al parecer, esperaba que los sectores sociales lo apoyaran; no obstante, desde los miembros de su propio gabinete rechazaron de manera rotunda la irrupción del orden constitucional. Frente al presunto cargo de rebelión, intentó solicitar asilo a la Embajada de México, pero la Policía lo impidió concretando su traslado a un centro penitenciario.
El gobierno de Castillo había evidenciado la falta de planificación y capacidad de gobernanza. Se habían nombrado cinco gabinetes distintos. Esto estuvo agravado por seis investigaciones por actos de corrupción. Se presume que, dado que en uno de estos casos se presentaron evidencias claras en contra de Castillo en los últimos días, su situación ante la justicia también hacía insostenible su permanencia en su posición. A esto se suma que el Congreso había previamente realizado dos votaciones fallidas para su destitución.
Las afectaciones para el país son diversas. Su economía que se iba perfilando como una de las más dinámicas de la región ha ido decayendo debido al creciente riesgo país. La polarización política y social se ha profundizado, con los sectores de apoyo a Castillo protestando por su salida del poder. Boluarte ha indicado que buscará un gobierno de unidad nacional, lo que ha tenido un apoyo inicial por parte de varios sectores políticos, pero esto está aún por comprobarse en la viabilidad de gobernanza que le dé el Congreso. Este ente bloqueó decenas de proyectos de ley presentados por Castillo. Y a nivel internacional, aunque mandatarios como el de México y Bolivia mostraron su rechazo a la destitución de Castillo, los demás países de la región están pendientes de que no se violenten las instituciones en el país andino. Sin duda, las soluciones que buscan los países latinoamericanos solo se pueden encontrar desde el respeto a la democracia.