En el marco democrático es plausible la intervención de los actores sociales en la toma de decisiones, para lo cual es imprescindible la apropiación de la problemática frente al desarrollo, con seriedad y responsabilidad y, con ello, de las apremiantes alternativas de solución, esto en doble vía, tanto en la ciudadanía toda, así como al interior del aparato estatal.
La democracia en los últimos tiempos ha tenido variantes que intentan fortalecer su concepción. Especialmente en Latinoamérica, con la irrupción de regímenes de tendencia progresista, el enfoque democrático ha derivado en una mayor injerencia popular, para lo cual la configuración de la democracia participativa se antepone a la tradicional democracia representativa (liberal). Esto, sin duda, permite reformular ciertas categorías a partir de cada realidad territorial.
El principio democrático cuenta con la mediación de los sujetos sociales, para el efecto, se sugiere que tal presencia vaya de la mano de la participación ciudadana, cuya riqueza radica en la visibilización de las diferencias y el reconocimiento de las identidades, a más de la preocupación colectiva por los conflictos y asuntos comunes. Dicha actitud colaboracionista implica la sumatoria de la heterogeneidad social: mestizos, indios, negros, montubios, mujeres, niñas/os, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, discapacitados, migrantes, trabajadores, homosexuales, lesbianas, etc.
En esa línea, es necesario generar condiciones favorables en el plano jurídico, para que el Estado dote a la población de las normas legales pertinentes que propendan al involucramiento de la gente en su presente y, especialmente, en la construcción de un futuro sustentable, óptimo y esperanzador. Claro que la cuestión de la inclusión ciudadana en la esfera pública no se reduce tan solo a la existencia de leyes para el efecto, sino a la consolidación de una cultura ciudadana.
La radicalización de la democracia supone ir más allá de la vigencia institucional de los movimientos y partidos políticos y del pleno ejercicio del voto. Su función conlleva a replantear el quehacer público instando a una corresponsabilidad ciudadana. En el mejor término, politizando a la ciudadanía, para lo cual es imperioso el interés que preste el conglomerado social respecto de las políticas públicas que emanan de las entidades de representación popular.
Sobre lo anotado, vale resaltar que la participación ciudadana tiene plena incidencia en localidades en donde poseen estructuras gubernativas parroquiales, municipales y seccionales. En estos ámbitos, la dinámica participativa es amplia y plural, en ella se revela la conjunción entre mandatarios y mandantes, garantizando desde abajo hacia arriba el ejercicio de una democracia multidimensional.