Resulta muy difícil salir de cualquier crisis si los candidatos presidenciales revelan ostensible ignorancia o manifiesta demagogia en el tratamientos de diversos temas, entre ellos, el importante y sensible asunto de la Educación Superior.
Por algo más de 40 años, desde 1969, la universidad pública ecuatoriana estableció el libre ingreso. Política ésta, sustentada en lo que las huestes izquierdistas de América Latina expresaban como las conquistas de la Reforma de Córdoba de 1919. El resultado fue que se implementaba o se continuaba con la gratuidad de la enseñanza, se establecía la autonomía universitaria, el libre ingreso y el cogobierno universitario que, en algún desbordado exceso, inclusive fue paritario. Coincido con la autonomía y alguna forma de cogobierno.
En 1979 entré a estudiar Medicina en la Universidad Central del Ecuador. Junto conmigo entraron 1.400 estudiantes que, unidos a 700 repetidores, formábamos un grupo de 2.100 alumnos de primer año, distribuidos en ocho paralelos, a razón de 260 por paralelo. Nos graduamos 443, es decir, el 21%. El 79% no se graduó y ello representaba, por cuarenta años, descomunales pérdidas para el Estado, más bien, para la sociedad. Para la Universidad Central del Ecuador, sólo tengo gratitud y magníficos recuerdos pero, sin duda, esta querida universidad, como otras, fueron las víctimas de una política absurda que no fue revisada sino hasta hace poco.
La Constitución de Montecristi, con la que no estoy de acuerdo, establece la gratuidad de la Educación Superior hasta el tercer nivel. Quienes defienden el argumento de la gratuidad citan ejemplos de que, incluso países de Europa Occidental, como Inglaterra, Alemania, Francia y otros tienen un sistema público de Educación Superior, prácticamente gratuito. Eso es cierto pero, así mismo, esos países superaron hace décadas los problemas de falta de agua potable, alcantarillado, desnutrición, falencias de la educación primaria y secundaria. En Ecuador no hemos superado ninguno de estos problemas y, en una situación de carencias, hay que administrar bien esta pobreza. No creo que debamos tener educación de tercer nivel gratuita cuando no estamos ni cerca de solucionar otras necesidades mucho más apremiantes.
En cuanto a la eliminación del examen Ser Bachiller, propuesta de algunos candidatos, sería una barbaridad. La propuesta revela ignorancia total o demagogia barata. Se oye lindo decir “que los estudiantes escojan la profesión que quieran en la universidad que quieran”; sin embargo, ello no es posible ni deseable. En la mayoría de países, con educación de calidad, hay muy rigurosos sistemas de acceso a la universidad, como debe ser.
Quedan pendientes otros argumentos y cifras que las expondré próximamente.