En la Sociología Criminal y Económica norteamericana, uno de sus referentes más influyentes del siglo XX fue el sociólogo Edwin Sutherland, el cual hizo un estudio de 70 empresas, investigando una serie de delitos cometidos por directivos y gerentes.
Prácticamente, la primera publicación del autor en 1949 reveló solo una parte de estos hechos, debido a las presiones de los grupos de poder norteamericanos.
Más tarde, en 1983, los discípulos de Sutherland publicaron una nueva versión sin recortes que luego fue traducida por Rosa del Olmo.
Ecuador no ha estado exento de este tipo de delitos, cometidos por grandes empresarios, directores de gremios, gerentes de empresas como Odebrecht, con la complicidad de actores gubernamentales que en su mayoría se encuentran fuera de nuestras fronteras.
Los delitos están impunes, entre tantas causas, porque no existe la tipificación adecuada en el Código Penal ecuatoriano, y por otra, la falta de probidad de autoridades de la justicia y gobernantes.
En este sentido, los estudios estadísticos latinoamericanos explican la corrupción –que va en ascenso en los últimos años– y la relación con las crisis económicas regionales.
Observar el problema desde el fondo o la sustancia de las cosas requiere mucha objetividad, imparcialidad y ética. Hacer las críticas ante las medidas económicas impuestas por el Gobierno requiere tener todas las cualidades ut supra por parte de quienes emitimos alguna opinión.
La eliminación de los subsidios a los combustibles es necesaria en forma paulatina; ahora, que los líderes transportistas quieran “pescar a río revuelto”, es otra cosa.
Por otra parte, es preciso recordar el fenomenal estado de gastos exorbitantes. Lamentablemente, siempre que los gobiernos establecen nuevas medidas económicas, los más afectados son los grupos de atención prioritaria.
Todo esto es la consecuencia de una mala administración y la usurpación de bienes por parte de delincuentes de cuello blanco. (O)