El Barómetro de las Américas 2023 es revelador respecto de los indicadores de confianza institucional como termómetro del funcionamiento del sistema político.
Ecuador tiene los más bajos niveles de confianza institucional de la región: las elecciones, en 2004, contaban con una aprobación del 60%, y pasaron al 26% en el 2023 (el promedio en la región es 39%). Esto refleja la poca legitimidad que tiene el que ha sido el ejercicio democrático por excelencia.
En un proceso de descomposición social sin precedentes como el que ha vivido Ecuador, además de los casos de corrupción, hemos atestiguado la conflictividad social en la parroquia Palo Quemado del cantón Sigchos en torno a un proyecto minero. En un escenario de esta naturaleza, cabe hacer un análisis segmentado de los actores, qué valores los motivan, qué temas priorizan y las narrativas que posicionan, para comprender el disenso desde sus causas estructurales y gestionarlo, apuntando al consenso y reduciendo la espiral del conflicto y de la violencia.
Abordar la problemática, no solo desde las consecuencias ni desde la reactividad, implica pasar de lo meramente discursivo a la gestión y al trabajo político que existe detrás de cada sector; además, valorar desde lo pragmático las implicaciones de que un sector productivo se mantenga paralizado en un país donde al 25% de la población le preocupa su economía.
Otro dilema trascendental sobre la minería que no se puede esquivar es: ¿minería formal o minería ilegal? Históricamente hemos visto que es utópico que los recursos se queden bajo tierra; por tanto, desarrollar una industria desde la institucionalidad implica que exista tributación e ingresos al fisco, mientras que permitir que la ilegalidad gane terreno alimenta el caos y las economías paralelas que financian actividades irregulares y al mismo crimen transnacional organizado.
A la situación de Palo Quemado y a las que se prevé vendrán más adelante, debe entendérselas desde su causa, pero también desde las consecuencias que generan; por un lado, hace falta generar condiciones para una gobernanza efectiva sin deslegitimar las voces diversas ni desconocer los intereses de los actores que participan en el conflicto, tendiendo puentes de diálogo. Por otro, es imperante la maniobra política del Estado para formular políticas públicas que dialoguen con las necesidades del país en estricta observancia de los derechos de la población, administrando lo mediático y recomponiendo la confianza institucional. No es imposible.