La nueva forma de biopirateo es hoy más sofisticada. Universidades e investigadores extranjeros realizan convenios con investigadores nacionales, chamanes, líderes comunitarios, hoteles ecológicos o “reservas ambientales privadas” para acceder, extraer o sustraer muestras biológicas de la Amazonía, del noroccidente de Quito, o de cualquier laboratorio natural en el país.
Existe una corresponsabilidad en el biopirateo entre los corruptores y los corruptos. La mentalidad investigativa de los “turistas científicos” es asombrosa e ingeniosa para extraer muestras. Los pagos por muestra, muestreo o la guía para la bioprospección van entre 50 y 500 dólares. Como país, somos presa fácil para muestrear porque poco hacemos al respecto o porque a los propios no les interesa defender nuestros recursos. El caso de la extracción en el Yasuní de muestras del “hongo comedor de plástico” es un ejemplo reciente de la ausencia de seguimiento académico y científico a los acuerdos institucionales que no han dejado beneficios para las comunidades o el país.
Otro terrible caso de biopirateo es el realizado por un grupo de investigadores italianos que sacó muestras sanguíneas de población chachi y descubrió un nuevo subgrupo sanguíneo determinado genéticamente. Algo similar ocurrió con la venta por Internet de ADN de individuos huaorani ecuatorianos. En Centroamérica fue robado el catálogo de plantas nativas de uso médico por un “turista”, cuyos hallazgos han sido usados para investigaciones profundas de los principios activos de las plantas.
El problema fundamental es que los investigadores ecuatorianos y las instituciones nacionales no tienen una política clara de investigación, logros, réditos e impacto científico sobre los hallazgos de la megadiversidad, por lo que los científicos extranjeros con más recursos, más visión y más competitivos, nos utilizan con facilidad. En su mente está siempre publicar internacionalmente y patentar.
Si bien es cierto que nuestra capacidad tecnológica es pequeña para competir con las transnacionales del biopirateo, un reglamento fuerte, que regule las extracciones de nuestra biodiversidad, que contemple duras sanciones a los infractores y, sobre todo, que invalide las investigaciones forjadas engañosamente y revierta los beneficios al país, al menos protegerá los intereses ecuatorianos.
El IEPI, los ministerios de Ambiente, Seguridad, Salud y Relaciones Exteriores deberían tomar acciones legales en contra de los biopiratas; caso contrario, seguirán los saqueos.