En el Ecuador, los casos de “muestreo biológico” han sido incluso autorizados por las altas esferas. El más dramático se registra en 2005, cuando se diseñó un acuerdo entre el Ministerio de Ambiente (MAE) y el Institute for Biological Energy Alternatives (IBEA), cuyo presidente es el genetista Craig Venter, quien fue parte de los científicos que secuenciaron el genoma humano completo y que siguen secuenciando genomas de todo tipo de especies, fundamentalmente con fines comerciales. Venter tiene una de las empresas más exitosas del mundo en el descubrimiento, patente y comercialización de conocimientos genéticos. La investigación estuvo financiada por la Gordon and Betty Moore Foundation y el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Una de las misiones del IBEA es la secuenciación del genoma de todo cuanto pueda recoger en el planeta y encontrar nuevas especies en busca de patentes de ADN. Su programa Sorcerer II planificó en 2004 un agresivo rastreo en los mares y tierras del mundo para estudiar su microbiología. En el mar Sargazo encontró 1,2 millones de nuevas secuencias de genes y su meta es hallar nuevas formas de producción de energía. Según los informes de la expedición Sorcerer II se tomaron ya 9 muestras de agua de las Islas Galápagos sin que el Ecuador se haya favorecido de forma alguna.
El país al asociarse con IBEA simplemente otorgó los permisos y puso la contraparte. La Universidad de Guayaquil y la Estación Científica Charles Darwin también estuvieron involucradas en el acuerdo. Como siempre, el “interés científico” fue desigual; pese a que en el convenio consta que los hallazgos serán de uso público y no tendrán valor comercial, y se agradecerá al país por facilitar el muestreo, no he visto una sola publicación, ni un dato útil o de beneficio para el Ecuador.
Este trágico ejemplo demuestra que más allá del anunciado reglamento debe existir un equipo de expertos que estén investigando y detectando saqueos biológicos y planteando las demandas respectivas por robo de recursos o apropiación de conocimientos. Existen los instrumentos legales nacionales e internacionales para hacerlo. ¿Qué esperamos?
La Amazonía entera, el Yasuní, las etnias diversas y la megadiversidad biológica están en la mira de investigadores inescrupulosos que aprovechan la ingenuidad o complicidad de los “nativos” para el biopirateo. Por eso la premura de un reglamento y de todas las acciones que protejan nuestra riqueza genética y contemplen sanciones a propios y ajenos.