En uno de sus últimos informes semanales, el presidente Rafael Correa anunció que se promulgará un reglamento sobre recursos genéticos, sus investigaciones y usos, con lo que “se evitará que nos sigan robando recursos genéticos” del país más biodiverso del planeta. Entre los argumentos mencionó el potencial farmacológico del Ecuador.
Este reglamento ha sido largamente esperado por los múltiples casos de saqueo de muestras biológicas que luego son utilizadas para acrecentar ganancias de empresas biopiratas, producir medicamentos patentados o conocimientos con propiedad intelectual de biosaqueadores, y hasta para mejorar los currículos de investigadores extranjeros que, en muchos casos, sacan ilegalmente muestras biológicas y obtienen así financiamiento para investigaciones en las que poco o nada participan investigadores ecuatorianos y menos aún se da crédito al país en las publicaciones que se realizan.
Muestra de esto es una de las últimas publicaciones que hace referencia al hallazgo de un hongo (Pestalotiopsis microspora) de la Amazonía y específicamente del parque Yasuní en Ecuador, que es capaz de degradar el plástico (poliéster poliuretano) (Applied and Enviromental Microbiology, vol. 77, Nº 17 http://aem.asm.org/cgi/content/short/77/17/6076). Este importantísimo descubrimiento para el mundo se promueve como un éxito de la Universidad de Yale y sus autores son todos extranjeros, incluyendo dos investigadores peruanos. Surgen inmediatamente varias preguntas: ¿Cómo se sacaron las muestras, con qué permisos y quién lo permitió? ¿Se han realizado seguimientos a los estudios autorizados? ¿Los conocimientos han contribuido a la sociedad ecuatoriana o a sus comunidades? ¿Habrá patentes de los hallazgos y quién se llevará las regalías?
Este es el panorama que ha funcionado tradicionalmente en el país. Grupos de “turistas” que llegan, hacen averiguaciones, contactos y sustracciones de especies o productos biológicos y los sacan en el “bolsillo”. Es sencillísimo; se recurre a formas ilegales o a permisos de funcionarios sin la autoridad para darlos, o al apoyo y complicidad de “investigadores ecuatorianos”.
Mientras tanto, a los propios ecuatorianos, como fue nuestro caso, el Ministerio de Salud pone todas las trabas burocráticas para realizar pruebas de genes, permitiendo que otros grupos se adelanten y hasta publiquen resultados.
El biopirateo continúa y no hay autoridad que lo pare ni lo controle. Urge la creación de una oficina de seguimiento, control y demandas legales para la protección de los recursos biológicos del Ecuador.