En la guerra frontal que los medios privados han declarado contra los gobiernos progresistas de la región, hay elementos que llaman a preocupación. El primero es el inflamiento que ha recibido la idea de la libertad de prensa, que los medios la defienden como el súmmum de la libertad humana y el punto de referencia sobre la labor de un gobierno.
Aunque el derecho de opinión consta entre las libertades individuales, hay que precisar que tiene una categoría menor frente a otro derecho, este de carácter colectivo, que es el “derecho a la información”. En lo social, este constituye una garantía para el conocimiento de la verdad y para la apertura de posibilidades para todos. En lo individual, garantiza el adecuado desarrollo del desarrollo del ser humano, puesto que entrega a este los elementos necesarios para que pueda orientar su acción en la sociedad. Y en lo político constituye un pilar del Estado de derecho.
¿Pero qué sucede cuando los grupos mediáticos, prevalidos de su poder e influencia, distorsionan la verdad, falsean o recortan a su antojo la información y sesgan la interpretación de los hechos? ¿O cuando unos escritores, amparados bajo ese poder mediático, ofenden gravemente a las autoridades legítimas y aun convocan al pueblo a la insurrección? ¿Esos actos suyos constituyen un ejercicio de libertad de prensa y de expresión del pensamiento, o un atentado contra el derecho social a la información?
Esa es, en esencia, la cuestión que está en debate: si el asunto ha de limitarse a la defensa de la libertad de prensa, que los medios conciben como libertad de empresa y de acción política, y donde reclaman ser ellos y sus periodistas los titulares de derechos, o si la cuestión ha de ampliarse al ámbito social de la información, donde el titular de derechos es la ciudadanía y las gentes que la conforman.
De esto, a su vez, se derivan otros asuntos de la mayor importancia, como el definir quien ha de cuidar de esos derechos, es decir, del derecho individual a la libre expresión del pensamiento y del derecho individual-social a una información veraz, completa y oportuna.
Es evidente que, dentro de un ordenamiento democrático, corresponde al Estado, que es la máxima expresión política de la sociedad, la obligación de proteger, garantizar y regular el ejercicio de esos derechos. Y precisamente por ello y para ello, el Estado de derecho dicta normas jurídicas que protegen derechos y reprimen abusos y delitos, las que son obligatorias para todos los ciudadanos.