Un juez colombiano dictó medida de aseguramiento al suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno, quien tiene el cargo más importante en Colombia después del Presidente. Lo envió a prisión mientras se decide en juicio si es culpable o inocente de una serie de delitos contra la administración pública. Usted dirá qué velas tiene Ecuador en entierros ajenos, pero cuando lea esta historia se dará cuenta de que no somos ni tan ajenos ni tan lejanos.
De familia políticamente poderosa, Samuel Moreno obtuvo la mayor votación que haya logrado alcalde alguno en ese país, y por si fuera poco, en representación del Polo Democrático Alternativo, que reunía entonces los movimientos de izquierda. Su responsabilidad era inmensa porque Bogotá y sus alrededores concentran más del 22% de la población y es la quinta capital más grande de América Latina. Simbolizaba una generación más plural, que abrió nuevos escenarios políticos y creyó poder ofrecer una ciudad más justa y equitativa, solo que el camino al cielo está tan lleno de buenas intenciones como la contratación pública de perversas ambiciones.
El griego Plutarco decía que la omisión del bien no es menos reprensible que la comisión del mal y por eso al Alcalde le han endilgado el pecado de omisión como resultado de no tomar en cuenta las denuncias sobre corrupción que hizo la prensa, las advertencias de políticos, amigos, enemigos, las redes sociales y los ciudadanos iracundos; todo parecía tomarlo como afrenta personal o maniobras de la oposición. Esto lo tiene enredado en un juicio con varios funcionarios y contratistas en que él y su hermano senador, por sus cargos, son más vulnerables a la presión que tiene el juez.
El “carrusel de la contratación pública” hoy se juzga gracias a que la prensa investigó y denunció el caso, a que hubo voluntad política de enfrentar el tema, a que los jueces están comenzando a sacudirse el miedo a los políticos y, finalmente, a que la gente, cuando se siente afectada directamente, se queja y presiona.
Moralejas: No todas las denuncias de la prensa son de mala fe, y si lo fueran, con mayor razón habría que investigarlas a fondo. La voluntad política debe reflejar el sentir del pueblo contra la corrupción. La imagen gubernamental mejora cuando se persigue a la corrupción, lo que a su vez genera institucionalidad. A la gente le indigna no saber que los casos de corrupción pública que se denuncian se están investigando, porque piensa que no se hace nada; y las oportunidades que se pierden con el pueblo no regresan jamás.