En Argentina, la pelea normativa y mediática entre el poder político y el poder judicial escaló a un nuevo nivel. En un fallo inédito en la historia del país, Cristina Fernández de Kirchner recibió una condena por defraudación al Estado, hecho que la inhabilita a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Ese acto está lleno de simbolismos. Hablamos de la política argentina más importante e influyente de las últimas décadas, y hablamos del peronismo, la línea política más arraigada en la sociedad austral, un tipo de holograma que muchos persiguen con lealtad y que pocos se atreverían a definir “de izquierda” o “de derecha”. Por ejemplo, Menem se destacó por una política aperturista y de privatizaciones de empresas públicas, pero los Kirchner se mostraron más afines con el proteccionismo. El claroscuro, esa maravillosa técnica pictórica, serviría para definir al peronismo desde un punto de vista metafórico.
Ahora, el fuego cruzado entre las partes en conflicto profundiza la brecha de representatividad que enfrenta el país y la distancia entre la clase política y la ciudadanía. El atentado que sufrió la vicepresidenta en septiembre de este año constituye una muestra de la extrema polarización y el aumento de la violencia política.
Lo que sí es seguro es la deriva política, económica y social en la que está envuelta Argentina desde hace varios lustros. Las instituciones democráticas carecen de una dirección clara, y muestran un desgaste preocupante. Las relaciones dicotómicas entre el poder político y el poder judicial resultan en un duelo a muerte por la credibilidad.
¿Corrupción o persecución? es la pregunta en la mente de muchos. Mientras cada postura se enfrasca en posicionar sus argumentos, la gran cuestión que embarga a Argentina sigue estando ahí: ¿qué hacer con la crisis perpetua? La economía tiene demasiados quebraderos de cabeza. Según la Comisión Económica para América Latina, en 2022, la deuda bruta del gobierno general asciende al 74,4 % del producto interno bruto. De igual manera, la inflación acumulada de este año es del 76,6 %, lo cual agudiza la crisis social.
Las elecciones de 2023 funcionarán como un barómetro efectivo, que intentará recomponer el desaguisado institucional. No obstante, ya nos alertan que la figura que gane la presidencia cargará con una fórmula negativa: ganará el menos impopular. A simple vista, recomponer la brújula es casi más difícil que ganarse a la gente.
En resumen, si hay una gran perdedora en las luchas intestinas que atraviesa Argentina hoy es la democracia.