Las reiteradas protestas lideradas por un sector del movimiento indígena tienen como trasfondo la marcada desigualdad socioeconómica ecuatoriana y que viene de la mano con la masiva pobreza y precariedad en las condiciones de vida de un gran porcentaje poblacional. No obstante, ese liderazgo ha sido intolerante, poco propositivo, arcaico en su concepción política, habiendo incorporado últimamente la violencia y vandalización en sus manifestaciones. La crisis es estructural, profundizada por la pandemia del COVID-19, que impactó fuertemente en una débil situación fiscal del Estado y especialmente en los mercados laborales, a lo que se suma un conflicto bélico externo que altera los precios del mercado mundial energético y de insumos alimenticios, lo cual torna todavía más compleja la situación. Pero nada de esto se analiza a la hora de convocar a un paro nacional, dejando en duda si su objetivo es reivindicativo o pretende desestabilizar nuestra débil democracia; por cierto, devastada por más de una década de desinstitucionalización y corrupción correísta.
Desconocemos como sociedad si existe -desde lo líderes del paro- una propuesta estructurada y concreta de desarrollo para el pueblo indígena. Se puede apreciar por las peticiones realizadas al gobierno una concepción paternalista del Estado, obligado a solucionar todos los problemas mediante más recursos (que no los tiene): mayores subsidios a la gasolina, control de precios, moratorias financieras, créditos subsidiados, no privatizaciones de empresas públicas fallidas, no explotación del sector minero, etc., sin dejar mencionar que en dolarización no es posible emitir dinero. Llama la atención que no haya una propuesta cierta de un Programa de Desarrollo de la población indígena que contemple, por ejemplo, la creación de un fondo que bien puede constituirse a partir de la disminución del subsidio a los combustibles, ($500 millones por mes) con el fin de elevar la productividad del sector agrícola, impulsar y fortalecer un empresariado indígena moderno y competitivo que formalice su gestión productiva y le permita insertarse en el sistema capitalista global a través de incentivos tributarios, crédito productivo, asistencia técnica, sin que ello signifique alterar o renunciar a su identidad cultural.
La informalidad es una característica de la organización productiva y de los mercados de trabajo fuertemente marcada por ejes estructurantes alrededor de los cuales se configura una matriz de desigualdad social. Es un fenómeno heterogéneo y multidimensional a partir del cual se manifiestan las desigualdades socioeconómicas y territoriales, de género, de edad y condición étnica que se expresa en todo el país; y particularmente con mayor profundidad, en los pueblos indígenas. Realidad insoslayable a la cual se suma la presencia de la cuarta revolución tecnológica en la que debemos convivir con las formas tradicionales de informalidad, imponiéndonos nuevos desafíos para las políticas de desarrollo productivo y los sistemas de protección social. Nada de esto se discute y analiza. A veces podemos llegar a pensar que no interesa progresar sino permanecer indefinidamente con la mano estirada.