En la calle Rumichaca, en Guayaquil, fui a cambiar los tacos de mis zapatos. En la Alborada, me arreglaron unos lentes, en una carretilla de reparación de relojes. Acudí a la tienda de mi antiguo barrio para comprar plátanos y a un sastre para la basta de un pantalón. Todos estos locales son pequeños emprendimientos a los que muchos hemos ido y que, al parecer, son insignificantes. Pero los datos del Censo Económico reciente (datos 2009) señalan que eran 474.844 (93%) microempresas, de un total de 511.130 establecimientos. O sea, predominan en la actividad económica.
En el país, las microempresas están presentes en las principales actividades económicas. Se ubican, según el número de establecimientos, en el comercio 55.6%, en servicios 34.7% y manufactura 9.5%.
En el primero, predominan los locales de ventas al por menor, siendo su mayoría tiendas de barrio. En servicios, hay plomeros, electricistas, reparadores de electrodomésticos, relojes, radios y TV, peluquerías, gabinetes de belleza, mecánicos, etc. En manufactura, predominan talleres de calzado, muebles, sastrería, modistería, panadería, etc.
Son una fuente de ingresos de casi la mitad de la PEA. Se distribuyen en la Sierra el 53%, en la Costa 42.1% y muy pocas en la Amazonía y Región Insular. O sea, están a lo largo y ancho del país, sobre todo, en las principales ciudades. En Quito hay 93.406, en Guayaquil 81.598 y en Cuenca 26.696.
La mitad de las microempresas o unidades económicas populares, en Pichincha, Guayas y Azuay se crearon en el período 2007 – 2010. Estas se multiplican en períodos de crisis, principalmente en el comercio, como una forma de subsistencia familiar, como las que vivió el país en 2008 – 2009. En períodos de auge, 2010 – 2011, proliferaron en manufactura y servicios. A pesar de que mucha gente acude a ellas para compra de un bien o la prestación de un servicio, como los señalados, han estado invisibilizadas y olvidadas por los gobiernos, que no las han apoyado, más bien han sido marginados del impulso gubernamental.
Ya está en vigencia la ley de Economía Popular y Solidaria que reconoce como sujetos de política pública a los microempresarios, artesanos y comerciantes minoristas, que son una parte de la economía popular.
Hay medidas de fomento (compras por parte del Estado, financiamiento, capacitación, etc.); promoción (innovación tecnológica, integración económica, etc.) e incentivos (tributarios y crediticios). Se crea la Corporación Nacional de Finanzas Populares (estatal) que dará crédito a las Cooperativas de Ahorro y Crédito (privadas) que a su vez darán crédito a microempresas y el SECAP da capacitación gratuita a los actores de esta economía.
Se cumple con la Constitución al reconocer la existencia de un cuarto sector del sistema económico: la economía popular y solidaria. Por fin, los millones de microempresarios son apoyados y reconocidos por su gran aporte a la economía: generación de empleo informal para DOS MILLONES de ecuatorianos que es una fuente de subsistencia para sus familias y un medio para salir de la pobreza.