Un trasnochado y alto funcionario del correísmo manifestaba, desembozadamente, en el apogeo de la borrachera de poder, que la tradicional división de poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por haber sido propuesta por el Barón de Montesquieu, en 1748, era arcaica y, por ello, el socialismo del siglo XXI, con Correa a la cabeza, había conseguido que la Constitución de aprobara dos nuevos poderes: el poder electoral y el poder de participación ciudadana y control social.
Secondat, Barón de Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, postuló la necesidad de que los poderes tengan balance y control entre ellos para que no haya preeminencia de uno sobre los otros. El principio, puesto en práctica en 1787, con la Constitución de EE.UU., demostró ya, por 232 años, su incuestionable valor en el sostenimiento de las democracias liberales, a través de un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.
El CPCCS fue un artificio para alterar el balance de poderes y consolidar la hegemonía del Gobierno central al otorgarle facultades extraordinarias que, en la práctica, consolidaron un sistema de corrupción e impunidad. Muy pocos dudan que esta novelería ha sido perniciosa y todos los que tenemos vocación democrática clamamos por su desaparición. No obstante, estamos abocados a una absurda elección que legitimaría su existencia.
Mucho se ha hablado respecto de cómo desaparecer o neutralizar este bodrio llamado CPCCS. El último planteamiento ha sido el de una demanda de inconstitucionalidad de su elección, planteada por connotados constitucionalistas. La decisión de la nueva Corte Constitucional, independientemente de cuál sea, deberá ser respetada. Así mismo, independientemente de la resolución de la Corte, es necesario acabar con el CPCCS y ello implica someter a consulta popular su desaparición.
Es vital reflexionar que, históricamente, los resultados de las consultas fueron expresiones de la popularidad de los gobiernos, por ello, es indispensable que, en las circunstancias actuales, sean los partidos, y no el Gobierno, los que planteen tal consulta popular. (O)