Persiguiendo contestar nuestra interrogante, el devolver prestigio al ente de contraloría de constitucionalidad -e interpretación- de la Ley ecuatoriana está ahora en manos de los 9 jueces, y “mañana” estará en los 8 elegibles, previamente a un pulcro y constante trabajo, en consecuencia. Elementalmente, aquello demanda de personas idóneas. Desde el pensar de los miembros del CPCCST, lo son. No obstante, será el accionar de estos 17 ciudadanos el elemento que sirva para que la ciudadanía realice control de calidad permanente sobre ellos, y así corrobore la idoneidad que ellos han asegurado contar.
Pero, ¿por qué volvernos tan exigentes con nuestros propios coterráneos? Sencillo. Estamos hablando del más importante estamento público en una comunidad política de corte democrático y que asevera, a las demás naciones, que respeta los instrumentos de derechos humanos (DDHH) que ha suscrito y ha ratificado; estamento que, conforme lo asegura el doctor Trujillo en su obra Constitucionalismo Contemporáneo, tiene competencias jurisdiccionales (expedición de sentencias) y no jurisdiccionales en cuanto a lo procedimental (emisión de dictámenes), mismas que generan consecuencias (generación o modificación de la norma) y efectos como los políticos, salvando que la fundamentación sea sumamente rigurosa en lo jurídico (2013: 194,195). De ahí que el comportamiento de cada juez debe ajustarse a los parámetros de competencia -dominar las ciencias jurídicas-, independencia -sin sujeción a persona alguna, fallando en estricto derecho- y ética.
Lo anteriormente señalado, a más de anhelar que los actuales miembros de la Corte Constitucional: evalúen idoneidad en todo el talento humano de la institución; sean radicales -ordenen destitución- frente a quien incumpla sus sentencias; exhorten a los operadores de justicia ordinaria a garantizar la institución del debido proceso; y garanticen que se acatarán los fallos en materia de DDHH. ¡Esa es la idea! (O)