Esta semana, el Relator Especial de NNUU para la Independencia de Jueces y Abogados emitió un informe sobre el rol de las fiscalías en el combate a la corrupción, a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Con ello, se evidencia una vez más que el fenómeno de la corrupción no solo afecta la institucionalidad del Estado y el erario público, sino que, además, genera violaciones a derechos que están consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales en la materia.
La corrupción crea situaciones de desigualdad ante la ley, donde quienes la cometen ganan ventajas que son inaccesibles al resto de la población, especialmente para los más desfavorecidos y vulnerables. (Para muestra, miremos los recientes casos de los carnés de discapacidad, donde son precisamente quienes más los necesitan los que menos acceso tienen a ellos).
Cuando la corrupción se traslada a la esfera judicial, afecta el derecho a ser procesado en tribunales independientes e imparciales, a conocer la verdad sobre tales hechos, y a obtener una adecuada reparación para los afectados. Las cuantiosas pérdidas económicas que traen los actos de corrupción a nivel estatal, impiden a los gobiernos invertir en salud, educación, vivienda y seguridad social, obstaculizando así, el correcto ejercicio de derechos económicos y sociales.
Ante esto, el Estado tiene un deber ineludible de investigar y sancionar todo acto de corrupción. Como estableció el Relator Especial en el mencionado informe, aquello debe hacerse en estricta observancia de las obligaciones en materia de derechos humanos, que exigen a los operadores judiciales llevar a cabo sus funciones en apego a las garantías básicas del debido proceso, la presunción de inocencia, la contradicción, y el derecho a contar con los medios adecuados para la defensa. Así, la lucha contra la corrupción, como un medio para asegurar la plena vigencia de los derechos humanos, nunca puede llevarse a cabo en inobservancia de estas garantías, a las cuales toda persona es titular, nos guste o no.
La Fiscalía, así como otros entes del poder judicial, debe impulsar su investigación de manera imparcial, rigurosa y profesional, evitando convertir esta misión en un show mediático con fines políticos, pues con ello solo se pone en riesgo la integridad de estos procesos y la posibilidad real de obtener justicia y reparación para los más afectados. (O)