Estábamos sinceramente muy entusiasmados con las claras propuestas del gobierno para luchar contra la manifiesta corrupción al inicio de su mandato. Nos enteramos con asombro cómo muchos proveedores de bienes y servicios influenciaban en nuestras instituciones de control para construir estructuras que violaban la ley y la forma como funcionarios gubernamentales encargados de empresas públicas y de sus adquisiciones, habían robado cuantiosos fondos destinados a la construcción de infraestructura para el país.
Y lo peor es que esta cadena maldita de corrupción iba desde el policía que solicitaba una coima al pobre chofer, hasta la presidencia misma de la república. Y ya tenemos a un ex presidente condenado por actos delictuosos. Parecía que ninguna institución estatal se escapaba a estas prácticas anti éticas e inmorales.
Quisimos hábilmente inventar una excusa, debido a que los escándalos locales sobrepasaban los límites internacionales, indicando que en Latinoamérica el nivel promedio de corrupción percibida es alta y que se incrementa rápidamente. Y por primera vez entendíamos (no en forma generalizada) que la corrupción tiene un impacto negativo en la economía. Muy tarde aprendimos que los niveles altos de percibida corrupción están directamente relacionados con un bajo comportamiento de una economía saludable y, sobre todo, una pobre inversión extranjera.
Transparencia Internacional ha generado el Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, en donde un valor de 100 corresponde a ausencia de corrupción, mientras que 0 es absoluta corrupción. Ecuador tiene un IPC de 32 y está en puesto 11 de los 18 países latinoamericanos reportados. Uruguay y Chile sobrepasan 70 y Costa Rica alrededor de 55. Los quince países restantes nos agrupamos entre el 28 y 40 IPC. Somos relativamente muy corruptos.
Y en este entorno, enfrentamos una tormenta perfecta: hay problemas sociales, cae la economía, se desploman los precios del petróleo y duramente nos afecta la pandemia del covid 19. En ningún momento de la vida republicana, el Ecuador ha soportado una crisis de esta magnitud. Y, por si esto fuera poco, los escándalos de corrupción afectan a un gobierno con una imagen deteriorada, pero sobre todo a una población casi abandonada a su suerte.
No lo podemos soportar. Estos individuos que lucran y especulan con la vida de sus congéneres tienen que ser castigados. No es venganza lo que estoy pidiendo contra estos criminales que provocaron la muerte y explotación a nuestra gente. Es simplemente un clamor de justicia. (O)