Cuando a fines de los 70 los militares volvieron a sus cuarteles, condicionaron su retirada a la preservación del poder acumulado en 10 años de dictaduras militares (1963-1966; 1972-1979). Bajo la observancia imperial, las FF.AA. designaban al Ministro de Defensa y ejercían potestades propias en torno a las políticas de defensa, la inteligencia, ascensos y destinaciones, gasto militar, relaciones con otras entidades, manejo de empresas, pudiendo ampliar su ámbito de acción sin consultar a las autoridades civiles. Las Constituciones de 1978 y 1998 las remataron al definirlas como “garantes del ordenamiento jurídico”, lo que significó que entre 1979-2006 el poder militar no se subordinó al poder civil, ni los gobiernos intentaron modificar lo pactado. La perenne amenaza de golpes de Estado pendía siempre sobre sus cabezas, evidenciando la democracia sitiada vivida durante ese período.
Debe señalarse que fue en el marco de esas dictaduras que los militares crearon y consolidaron un aparato económico constituido por empresas aéreas, comerciales, industriales, agrícolas, bancarias y de servicios que, a la larga, transformaron la naturaleza de las FF.AA. de un aparato de poder del Estado, en un poder corporativo, en un espacio de representación de intereses económicos y políticos, celosamente protegido por sus jerarquías.
No extraña entonces que hoy, frente a las reformas democráticas propuestas por el gobierno de Rafael Correa a la seguridad social de la fuerza pública, el alto mando militar actúe más como una dirigencia sindical que como una autoridad pública y pretenda convertir a la institución en el sindicato armado de una corporación privada.
En realidad, el cuestionado punto de las altas pensiones que benefician a las jerarquías militares constituye solo la punta del iceberg de ese poder económico acumulado que es lo que debería discutirse cuando ellas alegan en torno a sus ‘funciones especiales’ para defender sus privilegios y resistirse a las reformas.
¿Por qué repudian, por ejemplo, apoyar a la seguridad integral del Estado cuando intervienen en otros ámbitos que no les corresponden, como el económico? ¿Y por qué persisten en estas actividades cuando no tienen nada que ver con su misión? No hay consistencia en sus alegaciones.
De ahí que el problema de fondo de la actual tensión Gobierno-FF.AA. sea la caducidad del pacto cívico-militar heredado de las dictaduras del siglo XX y tutelado por el imperio. Es esto lo que ha puesto en causa la Revolución Ciudadana al subordinar en el concepto y en la práctica al poder militar. Porque, desde 2008 ya no son ‘garantes’ de la democracia, ni designan ministros, ni formulan la política de defensa por sí solas, ni sus aparatos de inteligencia se someten al imperio, ni sus jerarquías pueden seguir manteniendo privilegios inaceptables. Es esto lo que ‘ofende’ a estas cúpulas oligarquizadas que hablan de ‘irrespetos’ a la institución. No. Son las reglas básicas sobre las que deben construirse las relaciones cívico-militares en un sistema democrático y soberano, que ellas pretenden seguir desafiando. (O)