La década del correato, la de la más escandalosa corrupción en el país coincidió con lo que podría ser la última bonanza económica. El gobierno actual heredó una situación crítica, en lo económico y en lo moral. Tamaña atrocidad demanda soluciones inteligentes para encarcelar a los pillos, recuperar lo robado y generar prosperidad para todos.
Ciudadanos y autoridades debemos reaccionar con propuestas y acciones encaminadas a optimizar tanto la institucionalidad prevista por la Constitución para luchar contra la corrupción, como la legislación de la materia. Justamente, el titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Pablo Celi, impulsa una propuesta histórica y novedosa.
Tal idea consiste en convertir la actual Contraloría en un Tribunal de Cuentas como órgano profesional, técnico, integrado por siete ministros auditores designados para seis años -ejercerían las funciones y competencias del actual Contralor-, dos por la Asamblea Nacional, uno por el Presidente de la República, dos por la ciudadanía, dos funcionarios de carrera de la CGE.
Para llevar adelante este importante cambio institucional, se requeriría analizar la vía legal idónea, entre: consulta popular, enmienda constitucional, reforma legislativa.
Un aforismo dice: “Sigue haciendo lo mismo y obtendrás los resultados de siempre”. Con el proyecto se superaría la actual y peligrosa contraloría unipersonal -recordemos a Carlos Pólit, el Contralor de 100/100 puntos-, por un modelo pluripersonal de control y fiscalización de recursos públicos, lo que blindaría con elementos de transparencia, diversidad y democracia la gestión ante intereses cuestionables; se recuperaría el control de la gestión de los recursos y el control previo, pues siempre es mejor prevenir que actuar ante el daño causado.
Vale tomar en serio y perfeccionar esta idea, pues el mundo actual y otras experiencias sugieren reinventar el Estado para servir al ciudadano con efectividad. (O)