En 2007, el 82% de ciudadanos convocados al referéndum votó por la reunión de una Asamblea Nacional Constituyente, que preparó la nueva Constitución que, sometida a otro referéndum (28/Sep/2008), fue aprobada por el 64% de los ecuatorianos.
Ese proceso constitucional es inédito en la historia del Ecuador. Y despertó la oposición de los sectores sociales, políticos y empresariales que edificaron el “modelo empresarial” de desarrollo que rigió entre 1982-2006, y que tan nefastas consecuencias trajo a la vida económica, social e institucional del país.
La Constitución de 2008 ha incomodado siempre a esos grupos otrora dominantes, que desde 2007 fueron desplazados del control del poder político. Apenas unas semanas atrás, uno de los más altos directivos de la Asociación de Bancos Privados, al opinar sobre el próximo proceso electoral, no tuvo empacho en recomendar que lo primero por hacer en Ecuador es: “tirar abajo esa Constitución”.
Las elecciones presidenciales que se realizarán el 17 de febrero de 2013 son ahora otra ocasión para descubrir a quienes persisten en acabar con la Constitución de 2008. Cinco de los ocho candidatos presidenciales coinciden en materia económica, aunque con distintos discursos, en una serie de propuestas medulares: revertir el papel regulador del Estado, restringir el gasto público, disminuir o eliminar impuestos, promover la inversión privada, alentar la apertura comercial, suscribir tratados comerciales, incentivar la inversión externa y cambiar el “modelo” económico existente.
Esas propuestas atentan contra la Constitución, porque ella obliga a un sistema de economía “social y solidario”, con un Estado regulador e inversionista en obras y amplios servicios sociales, sujeto a la planificación, con un régimen tributario encaminado a la redistribución de la riqueza, busca la equidad, ordena la democratización de los factores de producción, universaliza la seguridad social, garantiza amplios derechos laborales, colectivos y comunitarios, etc.
No se entiende cómo esos candidatos pretenden mejorar las condiciones de vida y trabajo en Ecuador ahogando las inversiones estatales y suprimiendo impuestos.
El peligro es evidente: se trata de retornar al viejo modelo empresarial, y lo que diga la actual Constitución no importa.
De esta manera, en lugar de plantear avances sobre la base de la Constitución, las derechas se proponen revertir el actual proceso histórico que vive Ecuador.