No me cansaré de decirlo, las crisis también puede convertirse en una oportunidad, pero no todos pueden verla.
Las autoridades del Consejo de la Judicatura no aprovecharon los meses de confinamientos para dar el salto tecnológico a una justicia digital, que acerque a la ciudadanía, que priorice plataformas amigables, de fácil acceso. Perdieron el tiempo, no planificaron, no diseñaron estrategias, no hicieron un estudio prospectivo del impacto del covid-19 en la administración de la justicia.
El expediente electrónico no existe, la oficia de gestión judicial virtual no se usa adecuadamente, no se coordinan las disposiciones administrativas con lo jurisdiccional; la gestión procesal y atención al usuario empeora día a día.
A la fecha las directrices administrativas no se comunican asertivamente, los usuarios enfrentamos problemas graves, ha retornado la famosa perdida de expedientes, la no incorporación de escritos, la falta de notificación; incluso las demandas presentadas por vía electrónica no se descarga o lo hacen uno o dos meses después.
A los usuarios se nos cierran las puertas, los correos habilitados para requerimientos nunca responden o rebotan. Ha regresado el maltrato permanente a ciudadanos y abogados, que después de hacer fila por más de una hora reciben como respuesta “vuelva después”, “el despacho no trabaja hoy”, “están en teletrabajo”, “no esta disponible el expediente” o simplemente “no puede pasar, hay nueva disposiciones”.
Lo cierto es que el sistema de justicia experimenta un retroceso de décadas con grandes edificios pero deficiente en lo administrativo. Hemos pasado de exigir derechos a pedir que de favor nos atiendan; y sobre el sistema de citaciones ni hablar, pues ya existen los vivísimos que dicen: “hay que pagar para que citen”.
Doctora Maldonado, lo sencillo puede resolver grandes problemas, corrija su gestión y trabaje para la ciudadanía, tenga empatía por quienes demandan justicia.