En 1895, Federico Gonzáles Suárez era Obispo de una Ibarra que aún mantenía a su palmera como recuerdo de la catástrofe del siglo XIX, cuando un terremoto destruyó la urbe. Su Ilustrísima había dedicado su vida a recordarle a un pueblo sin memoria los males que le aquejaban.
Por eso escribía Historia, acaso, pensando que únicamente quien sabe su pasado puede evitar los males del futuro. Era un Obispo que no le gustaban las medias tintas. González Suárez, desde su posición de religioso, había hablado de los abusos de los clérigos: “la sinceridad con que rendimos culto a la verdad histórica, nos obliga a confesar que, en varias ocasiones, los cobradores de réditos censuales abusaron del derecho de inmunidad eclesiástica”
Decía, por ejemplo, que los jesuitas eran los que concedían o negaban los grados económicos y los títulos universitarios; “los jesuitas eran los consejeros ordinarios de los Presidentes, los directores espirituales de los Obispos y los confidentes de los Oidores, Alcaldes, Fiscales; no se tomaba medida alguna de importancia, sin que interviniera en ello un jesuita y los jesuitas eran para nuestros mayores los árbitros y los dispensadores del buen nombre y la fama literaria”.
El historiador explicaba estas razones: “consistía en su riqueza verdaderamente asombrosa: ellos eran los dueños de las fincas más productivas, y con sus haciendas no podían competir ningunas otras ni en extensión ni en rendimiento”. “Los jesuitas poseían ochenta leguas cuadradas o cuatro grados geográficos”, en el actual Ecuador. González Suárez contabilizó 63 haciendas en poder de los jesuitas. Aquiles Pérez, gracias a las investigaciones en la Junta de Temporalidades, estableció que los jesuitas poseían 131 latifundios, desde el Carchi al Macará. Literalmente se pasaba de una propiedad a otra. No es difícil entender, entonces, uno de los motivos de su expulsión, decretado por el Rey de España, Carlos III, en 1767. Quevedo ya lo dijo hace cuatro siglos: Poderoso caballero es Don Dinero.