El pasado 29 de marzo, la Corte Constitucional admitió parcialmente la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República. Como sabemos, esta decisión no fue unánime (ni estuvo exenta de polémica), aunque sí contó con el respaldo de seis de los nueve jueces de la Magistratura.
A pesar de la discrepancia entre los integrantes de la Corte Constitucional (reflejada en su votación), sí existió un punto de consenso en la decisión de mayoría y en los votos disidentes. Todos los jueces llamaron la atención a la Asamblea Nacional producto de una serie de irregularidades en la tramitación de la solicitud de juicio político.
En vista de aquello, en el dictamen se exhortó a la Asamblea Nacional para que proceda con prolijidad y seriedad al tramitar este y otros juicios políticos. La Corte recordó que corresponde ejercer esta atribución con la debida rigurosidad, dadas las implicaciones y consecuencias que se podrían derivar para la institucionalidad del país.
Transcurrido más de un mes desde que se emitió aquella decisión, vemos que la tramitación del juicio político en la Comisión de Fiscalización ha avanzado en medio de polémicas y graves acusaciones entre los proponentes del juicio y la defensa del Primer Mandatario. La poca celeridad de la Comisión para notificar al presidente de la República e iniciar el juicio político, las denuncias por supuestas “compras” de votos, así como una serie de alegatos y pruebas de cargo y de descargo impertinentes, que no se relacionan con la causal admitida por la Corte Constitucional, son solamente unos ejemplos de la falta de rigurosidad y prolijidad de parte de algunos intervinientes en este proceso.
En esta coyuntura, el pasado 26 de abril culminó la práctica de las pruebas en la Comisión de Fiscalización, que hasta finales de esta semana deberá emitir el informe motivado en el que consten sus conclusiones y su recomendación respecto del juicio político. Una vez que se remita tal informe al presidente de la Asamblea Nacional, se convocará al Pleno para escuchar al interpelado y a sus interpelantes. Solamente el Pleno definirá si existió responsabilidad política como consecuencia de la causal y cargo admitido por la Corte Constitucional, para lo cual se requiere el voto favorable de 92 legisladores.
Visto así, todo apunta a que la votación en el Pleno será alrededor de la tercera y cuarta semana de mayo, es decir, luego de la elección interna de las autoridades en la Asamblea Nacional prevista para mediados de este mes. En este sentido, estamos a pocas semanas de la conclusión de este proceso de control político, el mismo que exige que todos quienes intervienen en él actúen de manera responsable.