Los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) no solo deben centrarse en la apertura económica, sino también en la inclusión social como piedra angular del progreso. Estos acuerdos suelen priorizar la liberalización comercial y la protección de inversiones, relegando las preocupaciones sociales y laborales, por lo que es crucial cambiar de enfoque. Ahora mismo, Ecuador y Canadá negocian un acuerdo comercial “inclusivo”, como respuesta a los tiempos que corren y a su rica realidad plural y diversa.
La inclusión social en los ALC implica garantizar que los beneficios del comercio no lleguen solo a sectores privilegiados, sino a todos. Esto requiere “cláusulas de salvaguardia social”, e incluye: protección de derechos y estándares laborales, promoción de condiciones de trabajo dignas, mitigación de impactos ambientales adversos, perspectiva de género, inclusión de pueblos indígenas y afrodescendientes. A menudo, la competencia en el mercado global hace orillar estos fines plausibles.
Estos ALC deben considerar también cómo pueden contribuir al desarrollo de capacidades locales y al fortalecimiento de economías regionales. Esto implica apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y promover cadenas de valor inclusivas que beneficien a las comunidades. La inversión en educación, capacitación y tecnología también es clave para garantizar que todos los sectores de la sociedad participen en igualdad.
La inclusión es un imperativo ético promotor de estabilidad social y política. Un enfoque inclusivo fortalece la cohesión ciudadana y contribuye a un desarrollo más equitativo y sostenible, por lo que debe ser prioritario en la negociación y aplicación de ALC, así el comercio internacional será motor de desarrollo humano integral y sostenible. Los estados y la comunidad internacional deben lograr un sistema de comercio justo y equitativo, donde la prosperidad llegue con crecimiento económico, bienestar y justicia social.