Los primeros decretos del presidente Guillermo Lasso se enrumban a un nuevo posicionamiento de la función de gobernar y lo que llama la atención, de manera muy positiva, es la creación de la Secretaría Nacional de Planificación. En Ecuador, en un sentido histórico, la función de planificar desde el Estado ha tenido diferentes intensidades y niveles de importancia a partir de la reinauguración de la vida democrática en 1979. Si bien la función de planificar es una actividad técnica, esta tiene un peso político gravitante.
La planificación constituye una herramienta de gestión fundamental para prevenir y enfrentar crisis, ya que proporciona técnicas e instrumentos imprescindibles en el momento de racionalizar la actuación de la Administración pública, al alinear los recursos disponibles, por lo regular escasos, junto con las estructuras, las grandes necesidades, objetivos y metas que permitan cumplir los fines del Estado en función del bienestar de la ciudadanía, así como la reducción de los márgenes de pobreza y desigualdad, además de alcanzar el desarrollo sostenido de nuestras naciones. Es preciso entender que en estos tiempos la planificación estratégica y de carácter prospectivo constituye un fiel instrumento para la democracia y el desarrollo.
Fue lamentable que en nuestro país la mayoría de las actividades públicas hayan sido sometidas, de forma absurda, a la administración y coordinación de la ex Senplades, entidad a la que se le otorgó un poder exagerado y que en la práctica ejercía funciones relacionadas con el manejo del país y hasta decidía sobre las grandes políticas del Estado.
Los tecnócratas de ese tiempo ensayaron una serie de recetas que debilitaron en grado sustantivo la capacidad de planificación, gestión y evaluación de las políticas públicas, tarea que en este momento es preciso entregarle, dentro de lo que corresponde y en la justa medida, a la nueva entidad de planificación gubernamental.
La planificación no puede ser concebida sin que se proyecten de manera adecuada las grandes líneas para el desarrollo sostenible de nuestro país, que tomen en cuenta y prioricen los problemas más sentidos, mediante la racionalización del uso de los recursos disponibles y el desarrollo de las alianzas pertinentes; en este momento se precisa del establecimiento de metas de corto, mediano y largo alcance, con sus respectivos indicadores, medibles y fundamentados en las necesidades ciudadanas; todo lo dicho son imposiciones de estos tiempos que vivimos.
En la actualidad, toda planificación debe reconocer la posición de la ciudadanía frente al Estado y la Administración pública, por lo que se debe observar, garantizar y cumplir sin cortapisas sus derechos, en tanto que la ciudadanía, de forma consecuente y en un compromiso permanente de responsabilidad social, cumple con sus deberes ciudadanos; al final, los procesos planificadores deben centrarse en el desarrollo sustentable y en el bienestar de las personas, así como en las cláusulas y valores del Estado social y democrático de derecho.
Existe la necesidad de disponer de una gestión de gobierno planificada en tiempos tan difíciles como los que vivimos, en consecuencia, debemos disponer de un conjunto de instituciones inteligentes, para lo cual se requiere de funcionarios capacitados que puedan entender y llevar adelante las grandes líneas de la planificación gubernamental, para no fragmentar a la política pública ni a la institucional. Por lo tanto, llega a ser prudente que el presidente Lasso y sus colaboradores cercanos se dejen asesorar por especialistas en la gestión pública nacional. El Estado ecuatoriano tiene al Instituto de Altos Estudios Nacionales como su universidad, en la que se forman expertos en el manejo de la gestión del Estado, por lo que es un recurso y fuente de pensamiento importante en el cual el Gobierno se puede apoyar en situaciones tan complejas como las que tiene que enfrentar para mantener la gobernabilidad y la gobernanza del país.